uince rosales, uno por cada joven asesinado en Villas de Salvárcar, fueron sembrados el domingo pasado por sus familias y quienes integran el Grupo de Articulación Justicia en Juárez, en la casa donde se perpetró la masacre, hace dos años.

30 de enero: para los deudos de los jóvenes, para la sociedad civil organizada de Juárez, parteaguas, comienzo doloroso, ya basta. La firme interpelación de Luz María Dávila, madre de dos de los muchachos ultimados, Marcos y José Luis Piña Dávila, a Felipe Calderón: Usted no es bienvenido a Juárez, es la versión fronteriza del Estamos hasta la madre. La voz de la dignidad que se alzó y se sigue alzando en cada acto, en cada protesta, en cada fecha en rojo del nuevo calendario cívico juarense, como dice Willy Delgadillo.

La masacre de Villas activó la insurgencia civil fronteriza: desde entonces comienza un encomiable esfuerzo de manifestación, de articulación, de denuncia y de propuesta de las organizaciones sociales. Se logró que los gobiernos federal y estatal iniciaran el programa Todos somos Juárez. De éste sólo se recuerdan las interminables sesiones de trabajo con funcionarios y la cansona respuesta de los mismos: Dígannos en qué programa de los ya existentes cabe lo que demandan.

Y mientras las organizaciones gritaban alto a la guerra, las masacres continuaron en dos centros de rehabilitación para adictos y en la colonia Horizontes del Sur, ese malhadado 2010, al punto de que fueron los 12 meses más mortíferos de la historia juarense: 3 mil 622 homicidios dolosos.

En cuanto a las promesas de justicia, organismos internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado las graves violaciones cometidas por las autoridades mexicanas en la investigación del multihomicidio y por la retención ilegal durante 36 horas y tortura contra Israel Arzate Meléndez, a quien se pretendió fabricar como culpable. A este respecto ni siquiera se han cumplido las recomendaciones 50/2011 y 49/2011 emitidas por la CNDH. Del lado de la sociedad, la valiente denuncia; del lado del gobierno, el imperio de la impunidad y desprotección a los derechos de las víctimas.

Ahora, porque en 2011 hubo menos asesinatos que en 2010: (tan sólo 2 mil 86), se dice que Juárez se está pacificando. Más bien se podría decir que se está tijuanizando. Se le aplica el mismo remedio que a aquella hermana fronteriza: laissez faire para un cártel y mando policiaco centralizado en el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, quien antes fue jefe de la policía tijuanense. De lo primero, el servicio de inteligencia Strattfor señala que el cártel de Sinaloa prácticamente ya se apoderó de Juárez, y ha logrado debilitar a la organización de Vicente Carrillo Fuentes. Esto explica en buena parte la baja de ejecuciones en Juárez el año pasado (Strattfor global intelligency, 24 de enero).

En cuanto a Leyzaola, quien en marzo de 2011 tomó la dirección de la policía municipal de Ciudad Juárez, ha desatado una criminalización sistemática y masiva de los jóvenes y ha propiciado múltiples violaciones a las garantías individuales de cuanta persona le parece sospechosa. El caso más reciente lo denuncia la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos: el 9 de noviembre pasado fue detenido por la policía municipal el joven Jorge Andrés Padilla Martínez, junto con otros tres jóvenes acusados de homicidio. Los llevaron a la estación Universidad de la policía, donde fue golpeado hasta que murió por los agentes que lo aprehendieron, encabezados por el director de dicha corporación. Los muchachos detenidos escucharon a Leyzaola dar la orden de tirar el cuerpo cerca del Camino Real. Y efectivamente, ahí fue encontrado días después.

El 3 de enero, su madre fue llamada a declarar, pero el 7 del mismo mes, dos hermanos de Jorge, Carlos, de 14 años, y Darío, de 20, fueron asesinados en su casa mientras dormían. Los vecinos dicen que llegaron varios hombres, con AK-47, radios y claves para comunicación, y un galón de gasolina. De la puerta dispararon sus armas, rociaron la gasolina e hicieron arder la casa. En ella se encontraban además cinco niños de dos a 12 años, quienes tuvieron que salir por la casita de los perrros, según declaró una pequeña de ocho años. La madre se encontraba laborando en una maquiladora.

La consigna de Leyzaola, totalmente apoyado por el alcalde juarense y algunos sectores cooptados por la demagogia represiva, es realizar una limpieza social de quienes le parecen criminales. Si no hay pruebas, se inventan. Las estadísticas emitidas por oficialía jurídica y barandilla establecen que de enero a octubre fueron detenidas 74 mil 803 personas adultas por faltas administrativas; sin embargo, sólo 5 por ciento de los detenidos son probables delincuentes.

Parece que ahora son otros los señores de la guerra en Juárez, que la violencia va revistiendo nuevas formas, en esta frontera donde ha caído uno de cada cinco asesinados en todo el país en estos últimos años. Pero las y los juarenses de pie siguen expresando su poder, como voluntad reiterada cada segundo, de vivir y de luchar por la vida de todas y de todos. Siguen expresando cada día su decisión de construir a Juárez como una ciudad libre de violencia. Por eso plantan rosales y su decisión firme es hacerlos florecer.