La Asamblea del Pueblo Ikojts (huave) de San Dionisio del Mar, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, rechazó la construcción del proyecto eólico en la barra de Santa Teresa, para la cual el presidente municipal Miguel López Castellanos ya había otorgado horas antes el permiso de construcción y cambio de uso del suelo a las empresas Energía Alterna Istmeña (EAI) y Energía Eólica Mareña (EEM) y obligó al munícipe a romper el documento que ya había firmado.

El Parque Eólico San Dionisio (PESD) es parte del proyecto para la generación de 396 megavatios mediante la fuerza del viento, que la trasnacional española Preneal vendió el año pasado al grupo Fomento Económico Mexicano (Femsa) –que maneja Coca-Cola y Oxxo, entre otros negocios–, asociado con los Fondos de Infraestructura Macquarie de México y Macquarie Capital –australiano– por 89 millones de dólares, y para cuya construcción el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) autorizó un préstamo de mil 100 millones de pesos (La Jornada, 17/1/12).

El acta de acuerdos de la asamblea del 21 de enero, a la que tuvo acceso este diario, está firmada por el presidente municipal, los integrantes de su cabildo, el presidente del comisariado de bienes comunales, Narciso Pineda, los agentes municipales de Huamuchil y de Pueblo Viejo –esta agencia se ubica en la barra de Santa Teresa y nunca aceptó la construcción del PESD en sus tierras– y el representante de EAI y EEM, René Ortiz Piñón.

En la citada asamblea, López Castellanos informó a la población de San Dionisio –donde viven más de 5 mil personas– que la empresa daría 14 millones de pesos en efectivo más 3 millones en obras por la licencia de uso de suelo que ya habían firmado él y su cabildo.

Ante esta decisión unilateral del presidente (municipal) y de la empresa, de la cual tampoco fue informada ni consultada la comunidad, los asistentes a la asamblea exigieron al presidente retractarse, ya que la voluntad del pueblo era negar esa licencia de construcción y no permitir a la empresa eólica construir el parque en la isla de San Dionisio, decisión que ya se había tomado en asambleas pasadas, sin que el presidente municipal atendiera el mandato de su pueblo, señala un comunicado de la asamblea de San Dionisio.

Agrega que en 2004 la empresa Preneal, con la complicidad de la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, encabezadas por Enrique Toledo y Álvaro Velázquez Maldonado, obligó a los comuneros a firmar un contrato totalmente ventajoso y leonino que violenta los derechos de los pueblos indígenas estipulados en la Constitución Mexicana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La firma de ese contrato sirvió para que esos funcionarios fueran contratados por las empresas eólicas Acciona y Preneal, respectivamente.

Denuncia además que la comunidad de San Dionisio, tanto los comuneros como los pobladores, jamás fueron consultados, mucho menos se proporcionó la información necesaria para estar en condiciones de analizar y tomar una decisión consciente de comprometer las tierras con una empresa trasnacional.

El acta de la asamblea señala que además del documento roto, el pueblo acuerda que si existiera otro documento, no será válido en ninguna instancia, y deja constancia de que el presidente municipal amenaza a los ciudadanos en esta reunión, por lo cual lo hacen responsable de cualquier cosa que sucediera a cualquier persona del pueblo.

El domingo 2 se reunirán en las oficinas del comisariado de bienes comunales, donde los comuneros y el pueblo decidirán el rumbo del proyecto eólico.