Washington, 19 de enero. Un líder republicano en la Cámara de Representantes estadunidense informó que emitió una cita para que testifique un funcionario del Departamento de Justicia que sería clave en el programa Rápido y furioso, el cual permitió el tráfico de armas a México.

La convocatoria del Congreso de cumplimiento legal, obliga al encargado de la división criminal de la oficina del fiscal general en Arizona, Patrick Cunningham, a testificar en el Congreso a más tardar el próximo martes.

Darrel Issa, jefe de la comisión de supervisión y reforma del gobierno de la cámara, afirmó en una carta enviada por el legislador al funcionario que la medida responde a la contumacia y posición inflexible de Cunningham.

La comisión ha intentado interpelarlo en varias oportunidades sin éxito, lamentó el legislador republicano. Los republicanos acusan a Cunningham de haber entregado información errada y de ocultar las partes polémicas de Rápido y Furioso, que funcionó entre noviembre de 2009 y finales de 2010 y permitió el ingreso a México de unas 2 mil armas de fuego, a gran parte de las cuales se les perdió el rastro.

Durante la investigación, “la comisión conoció del papel desproporcionado jugado por la oficina del fiscal general en Arizona –y de usted específicamente– en aprobar las tácticas inaceptables” de la operación, escribió Issa en la misiva. “El Departamento de Justicia lo ha identificado como la persona más apropiada de la oficina del fiscal general a entrevistar con respecto a Rápido y furioso”, añadió.

El programa permitía la compra de armas automáticas en Estados Unidos por parte de personas vinculadas a cárteles de la droga mexicanos, para conocer las rutas de ese tráfico.

El fiscal general estadunidense, Eric Holder, blanco de ataques de los republicanos por la operación, ha testificado en varias oportunidades en el Congreso, donde ha dicho que desconocía de la existencia de la operación y ha garantizado que ese tipo de programas no se repetirán.

El presidente Barack Obama ha declarado su apoyo explícito a Holder.

La polémica por el programa estalló cuando algunas armas compradas en el operativo fueron encontradas en la escena del crimen del asesinato de un agente estadunidense en diciembre de 2010.