Mandos de la Procuraduría General de la República (PGR) negocian con el Congreso la aprobación de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de contar con mejores mecanismos de protección y mayores beneficios a los llamados testigos protegidos, pues las autoridades mexicanas han detectado que varios de informantes han preferido abandonar los programas nacionales en esa materia y colaborar con agencias estadunidenses que inclusive les ofrecen hasta cambio de identidad.

Las negociaciones se realizan con integrantes del Senado, toda vez que la Cámara de Diputados aprobó en noviembre pasado, por mayoría de 335 votos en favor la llamada Ley para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, que coloquialmente se conoce como ley de testigos protegidos, con la cual se busca regular la integración al programa que actualmente tiene la PGR, y que de 1997 a 2010 ha costado más de 128 millones de pesos al erario federal.

La propuesta legislativa que apoya la PGR incluye la creación de un sitio (centro) de carácter federal donde los llamados testigos colaboradores o protegidos reciban protección.

Pero, sobre todo, la procuraduría busca que de ninguna manera se pueda filtrar la identidad de ninguno de sus testigos protegidos.