La industria ejerció presiones para que en el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria quedaran fuera estímulos e impuestos que modificaran las curvas de oferta y demanda en cuanto a productos nocivos para la salud, según consta en el borrador y documento final realizado en este sentido.

El acuerdo, elaborado por la Dirección general de promoción a la salud de la secretaría del ramo, que se presentó en 2010, dejó fuera esos planteamientos. Se limitó a proponer como voluntarias las medidas en la mercadotecnia y publicidad; innovar y desarrollar nuevos productos, y promover el deporte y actividad física.

El borrador de 2008 de este acuerdo señaló, en un diagnóstico, que la obesidad y el sobrepeso son favorecidos por la condición de pobreza de las familias y planteaba aplicar impuestos a los alimentos poco saludables.

En situación de pobreza la falta de ingestión de ciertos alimentos lleva a la deficiencia de algunos nutrimentos como el zinc, que pueden producir retraso en el crecimiento y aumenta el riesgo de presentar sobrepeso en la edad adulta, en caso de que haya una ingestión de alimentos de alta densidad energética, indicaba el borrador del documento, denominado Prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas: una política de Estado, énfasis en el componente alimentario.

El documento, elaborado también en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, señaló hace cuatro años que el acceso a alimentos saludables y su disponibilidad enfrenta barreras económicas para adquirirlos, debido a que los productos procesados con alta densidad energética y sodio, así como las bebidas azucaradas, se expenden a bajos precios.

En ese documento se propusieron estímulos e imposiciones fiscales, los cuales han sido recomendados y utilizados por países como Canadá y Reino Unido para promover una alimentación sana.

Se espera que el uso de estos instrumentos tenga efectos sobre la alimentación y la actividad física de la población debido a que se alteran los precios de los alimentos, así como los de los servicios y artículos concernientes a la actividad física, agregó.

Se propuso excluir del impuesto al consumo y subsidiar los alimentos saludables, así como distribuirlos en zonas marginadas. También se planteó excluir del impuesto al consumo los servicios y productos que se ofrezcan para realizar alguna actividad física y proveer créditos fiscales para incentivar el deporte. Los impuestos se aplicarían a alimentos poco saludables.

El documento indicó que en 2012 se habría concertado con medios de comunicación para evitar la presión sobre la población para consumir bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad energética, y la población ya podría distinguir entre una alimentación saludable y una de alta densidad energética, y tendría acceso a alimentos libres de grasas trans.