La resolución tardaría hasta seis meses
Lunes 16 de enero de 2012, p. 14
La Procuraduría General de la República (PGR) impugnó el amparo que un juez federal concedió la semana pasada a Sandra Ávila Beltrán, La reina del Pacífico, contra su extradición a Estados Unidos, a fin de que un tribunal colegiado de circuito resuelva el caso en definitiva.
Estas revisiones en segunda instancia tardan hasta seis meses en resolverse de manera definitiva, por lo que la mujer deberá permanecer en prisión.
Jesús Alberto Chávez Hernández, juez decimotercero de distrito de amparo en el Distrito Federal, concedió la protección de la justicia a Ávila tras concluir que los estadunidenses pretenden juzgarla por hechos por los cuales ya fue procesada y absuelta en México.
El juez refirió que el proceso que le pretenden iniciar en EU es prácticamente el mismo que tuvo en México por el caso del buque Macel, incautado en diciembre de 2001 frente a las costas de Colima, con 9.5 toneladas de cocaína.
Sin embargo, la PGR sostiene que son dos juicios distintos, por lo que pidió al tribunal colegiado revocar el amparo a favor de Ávila.
En el fallo de primera instancia, el juez Hernández precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe emitir una nueva resolución, pero esta vez estableciendo que Ávila Beltrán no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, lo que prácticamente obliga a la cancillería a negar su extradición.
Ávila es reclamada por la corte federal del distrito sur de Florida por asociación delictuosa, conspiración para poseer 100 kilos de cocaína con intención de distribuirlos, e importar diversos cargamentos de dicha sustancia a EU.
Entre las pruebas que dice tener el Departamento de Justicia estadunidense está el testimonio de un integrante de esa banda criminal, quien señaló que Ávila coordinaba la distribución de cocaína en México para luego llevarla a ese país.
También, una llamada telefónica que la DEA interceptó el 14 de septiembre de 2001, en la que se asegura que ella es uno de los interlocutores que buscaban cobrar 100 kilos de cocaína suministrados en Chicago, Illinois, a un traficante que luego se hizo colaborador de la agencia antidrogas.