Al promulgar ayer la Ley de Asociaciones Público-Privadas, el presidente Felipe Calderón sostuvo que con esta legislación ganamos todos al permitir ampliar la inversión en infraestructura, y adelantó que habrá que pensar en nuevos espacios que permitan una mayor participación del sector privado en las áreas fundamentales de la economía del país.

En la ceremonia realizada ayer en la residencia oficial de Los Pinos, el titular del Ejecutivo federal señaló que, por lo pronto, la nueva legislación nos permitirá ir más rápido y a un paso más fuerte en la construcción del México próspero y seguro que todos queremos.

El presidente Calderón reconoció al Congreso, a pesar del tiempo transcurrido, porque sé que esta iniciativa (enviada a los legisladores en 2009) tuvo que enfrentar una serie de prejuicios, de restricciones, de ideas inexactas, de intereses y de muchos absurdos.

Así respondió el mandatario a las críticas que en su momento hicieron legisladores de oposición (PRD y PT), quienes afirmaron que la legislación impulsará la privatización y quita al Estado su responsabilidad como motor del desarrollo para convertirse en mero gestor y administrador de contratos para el sector privado.

El Ejecutivo federal insistió en que el nuevo marco legal va verdaderamente a detonar la infraestructura del país a un ritmo mucho mayor, además de que otorgará mayor seguridad y certeza jurídica al sector privado, a las empresas que quieran participar en proyectos de infraestructura complejos, los cuales requieren de largos periodos de maduración y de desarrollo. Y también permitirá definir un adecuado régimen de distribución de riesgos entre los sectores público y privado, una de las áreas donde más debemos innovar en la regulación.

Algunos instrumentos son poco flexibles: Meade

Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, dijo que si bien hoy ya se llevan a cabo esquemas de asociación entre el gobierno y los particulares para construir, mantener y operar infraestructura, así como para la prestación de servicios públicos, algunos instrumentos vigentes son poco flexibles en cuanto a la modificación de los proyectos y solución de controversias.

Por tanto, agregó el funcionario federal, no ofrecen la certeza jurídica que requerimos las partes involucradas.

Mediante el nuevo esquema, precisó, además de que se da certeza a inversionistas nacionales y extranjeros a través de mecanismos contractuales expresos de asociación entre el sector público y el sector privado, se evitan impugnaciones al proceso de licitación que no tengan sustento, privilegiando el inicio de ejecución de las obras de infraestructura que requiere el país.

En entrevista posterior, el funcionario rechazó que el nuevo marco legal sea privatizador y destacó la necesidad de que apoye las concesiones hasta por 40 años, como forma de impulsar la infraestructura.

A su vez, el subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez Regordosa, aseguró que con este esquema la reducción de costos en los proyectos podría alcanzar hasta 15 por ciento.

Ante funcionarios del gabinete económico y representantes de colegios y asociaciones de ingenieros civiles, Calderón afirmó que en su gobierno la inversión en infraestructura pasó de 3 por ciento del PIB en el año 2000 a 5 por ciento, lo cual nos coloca por encima de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tienen un promedio de 3 por ciento.

En este gobierno, sostuvo, hemos detonado, hasta el límite de nuestras posibilidades, el gasto de empresas, el gasto de inversionistas privados.

El Presidente insistió finalmente en que el nuevo marco jurídico elimina restricciones que limitaban seriamente la capacidad operativa o la energía del sector privado, y puso de ejemplo que ahora las empresas encargadas de realizar proyectos ejecutivos para el gobierno también podrán participar en la construcción del mismo, además de que permitirá liberar muchas restricciones, algunas provenientes de verdaderos mitos que impedían esta mezcla eficiente de recursos públicos y privados, para destinar mayores recursos a la educación, seguridad y combate a la pobreza.