Jalapa, Ver., 12 de enero. La derrota de los capos de los cárteles del narcotráfico sólo es posible con el refuerzo de las instituciones del Estado y el combate a la corrupción, sostuvo aquí Juan Carlos Henao, presidente de la Corte Constitucional de Colombia.

Agregó que mientras existen quienes señalan que México está en fase de colombianización, hay ánimo de su país –que logró abatir la incidencia criminal y superar las masacres multitudinarias que se cometieron en los años 80 del siglo pasado– de compartir experiencias y colaboración.

Resaltó que una de las medidas exitosas de ese combate fue proveer de recursos técnicos, materiales y humanos al Poder Judicial y, sobre todo, especializar y proteger a los jueces en materia del crimen organizado con el fin de que no se convirtieran en blanco de los delincuentes, sino pudieran desempeñarse en forma drástica para encarcelarlos.

Al participar en el foro Seguridad con Legalidad, que se realiza en esta ciudad a convocatoria del gobierno estatal y la Universidad Nacional Autónoma de México, el ministro colombiano recordó que la corrupción política también fue un freno en su país para abatir la criminalidad.

Los capos del narcotráfico tenían mucho poder de corrupción y hasta poderes políticos. Pablo Escobar en persona fue representante a la Cámara (de Diputados), y eso demuestra el poder político tan grande que alcanzó a tener, pero terminó muriendo a manos del Estado. Se le venció porque se fortalecieron las instituciones, recordó.

Henao insistió en que si se consolida la fuerza del Estado es posible vencer a los cárteles del crimen organizado, como se hizo en Colombia con el fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación, a la que se dotó de recursos, suministró técnicos y jueces especializados y protegidos para juzgar a los criminales.

“Se dice mucho que México se ha colombianizado un poco. Ustedes están viviendo lo que a nosotros nos tocó vivir en los años 80. En ese sentido, sería muy útil cualquier diálogo que haya entre gobiernos, entre instituciones judiciales, entre jueces penales, para saber cómo se han ido superando las situaciones de matanzas, de masacre que existían en Colombia. En este momento ya prácticamente han desaparecido”, sostuvo.

Añadió que un tema que causó polémica, pero que se aplicó un tiempo en Colombia, fue la figura de los jueces sin rostro, que era mantener bajo anonimato la identidad de los juzgadores, aunque después se declaró inconstitucional y dejó de usarse.

En México, insistió, tendrán que ser las autoridades las que decidan el modelo a adoptar. En cualquier caso, hay mucho ánimo de cooperación técnica, de cooperación académica. Se pueden compartir experiencias y salir adelante en algo que es común y es que el narcotráfico no es imponga como criterio de solución de la vida social.

En Colombia se mantiene un esquema de jueces especializados en asuntos del crimen organizado y se les brinda protección especial, aunque ya no actúan en el anonimato.

Se les dio protección, un carro blindado, escoltas y una forma de proteger su vida, y eso fue bastante útil, aseveró.

Destacó que un mecanismo para salvaguardar a la población que está en medio de la violencia armada del crimen organizado es legislar con el fin de que el Estado se haga responsable de los millones de desplazados.

Otro mecanismo es brindar a las víctimas la posibilidad de reclamar al Estado la reparación del daño sufrido.

En Colombia se ha atendido la situación de 4 millones de personas desplazadas a punta de machete y bala de sus lugares de origen, afirmó.

Así, el Estado está obligado a tomar medidas para resarcir el daño y aceptar obligaciones de dotar de apoyo médico, vivienda, educación y salud, además de otorgar indemnizaciones, ofrecer excusas o disculpas públicas y ordenar acciones a favor de personas dañadas sin justificación alguna. Es una forma de protegerlas, de que el Estado asuma su responsabilidad, concluyó.