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La dependencia federal ha realizado al menos nueve diligencias

La PGR trabaja en los peritajes para deslindar responsabilidades
 
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de enero de 2012, p. 9

La Procuraduría General de la República (PGR) continúa trabajando en los peritajes de lo sucedido el pasado 12 de diciembre en Chilpancingo, Guerrero, durante el desalojo en el cual dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados, y en ese contexto falta conocer la identidad de los autores materiales de esos homicidios, revelaron funcionarios de la dependencia que dirige Marisela Morales Ibáñez.

Los entrevistados señalaron que hasta el momento la PGR básicamente mantiene en el ámbito de su competencia la investigación del desalojo en el cual tanto policías federales como ministeriales del estado de Guerrero abrieron fuego y pudieron incurrir en violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en tanto las probables acusaciones por homicidio se mantienen en el ámbito de la procuraduría local.

De acuerdo con la información obtenida, hace menos de dos semanas peritos de la PGR realizaron nuevas diligencias en el lugar donde los estudiantes de la escuela rural Raul Isidro Burgos de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús quedaron sin vida cuando participaban en la protesta que fue reprimida de manera violenta por los policías.

A los peritajes, que incluyen el análisis de más de 120 armas de fuego, estudio de cartuchos localizados el 12 de diciembre y ojivas obtenidas de cada arma, se han sumado una reconstrucción de los hechos y una nueva búsqueda de las ojivas que causaron la muerte de los alumnos, pues hasta el cierre de esta edición no habían sido localizadas y por tanto se desconoce qué agentes policiacos realizaron los disparos.

Finalmente, las fuentes consultadas informaron que los peritajes podrían durar un par de semanas más y serán entregados tanto al Ministerio Público Federal que lleva el caso en la delegación de la PGR en el estado de Guerrero como a la procuraduría estatal para que apoyen los resultados de sus investigaciones, por las cuales se encuentran bajo arraigo más de diez agentes policiacos locales.