Uno de los principales obstáculos que ha enfrentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en sus indagatorias sobre el asesinato de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrido el pasado 12 de diciembre, es la falta de colaboración de los cuerpos policiacos estatales y federales.

Así lo afirmó el primer visitador general del organismo, Luis García López-Guerrero, quien señaló que a pesar de ello dentro de uno o dos meses el equipo de investigación del caso estará en condiciones de enviar a la Procuraduría General de la República (PGR) sus conclusiones definitivas, para que dicha instancia proceda contra los responsables de lo ocurrido.

Una de las irregularidades que vimos es que la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) no atendió nuestras solicitudes de información en tiempo y forma. Además, el lugar de los hechos no fue preservado como mandan los protocolos, detalló el funcionario en entrevista con La Jornada.

Aunque este último factor haya provocado la pérdida de los casquillos de bala, y por tanto se haga más difícil identificar cuál de los agentes disparó, los orificios de entrada en el cuerpo de los normalistas indican que se trató de rifles de alto poder.

Otra forma de bloquear las pesquisas por parte de los cuerpos policiacos, agregó el visitador, fue insistir en que sus efectivos iban desarmados, cuando es evidente que no fue así, e incluso hay registros de que hubo 20 minutos constantes de disparos. Lejos de colaborar demostraron que no hubo un manejo adecuado de la situación, y eso terminó generando un acto de violencia institucional.

Como ya lo había informado el lunes anterior el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, el visitador García detalló que el informe preliminar de la CNDH reveló que en el operativo participaron 165 agentes federales, estatales y municipales –67 de los cuales iban armados–, quienes cometieron violaciones graves contra los derechos humanos de 31 personas.

A reserva de concluir las pesquisas, el visitador señaló que la trayectoria de los disparos hace pensar que los autores materiales de los asesinatos fueron agentes de la policía ministerial de Guerrero. La investigación estará lista en uno o dos meses, al cabo de los cuales el organismo estará en condiciones de enviar su informe final a la PGR, instancia a la cual corresponde definir responsabilidades y castigar a los responsables del crimen.

Pablo Juárez, alumno de la Normal Rural de Ayotzinapa, indicó que las investigaciones de la CNDH y su informe preliminar no tienen nada relevante. Esperábamos que ya pudieran señalar a algún responsable de los asesinatos, como a Ramón Miguel Arriola (subsecretario de Planeación y Operación Policial de Guerrero), quien dio la orden de disparar.

Ante ello enfatizó que los estudiantes permanecerán atentos a las conclusiones definitivas de las indagatorias, y anunció que mañana (jueves) realizarán una marcha en Chilpancingo. El viernes recibirán en Ayotzinapa al visitador García, a quien le pedirán que tome más en cuenta los testimonios de los afectados.