La petición de inmunidad del gobierno mexicano a Washington para el ex presidente Ernesto Zedillo, en el contexto de la demanda civil que éste enfrenta en Estados Unidos por la matanza de Acteal, es una suerte de medida preventiva en caso de que algún alto funcionario de administraciones panistas pueda verse involucrado en un caso similar en el futuro.

Así lo afirmaron académicos especialistas en política internacional, quienes indicaron que se trata de un acto en defensa de la figura institucional de la Presidencia, más que a favor de Zedillo.

Adolfo Laborde, director de la licenciatura en negocios internacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), señaló que aunque el gobierno actual no es muy simpatizante de las administraciones priístas, le dio un espaldarazo al ex mandatario para blindarse ante cualquier demanda que puedan encarar algunos funcionarios al término de este sexenio.

Dicho acto, además, se enmarca dentro de una política de Estado en la cual hay que defender la figura presidencial. Jurídicamente hablando es válido, pero hay que ver si se hace a través del derecho internacional público o privado, porque de eso dependen las herramientas que vayan a utilizar en su defensa.

El investigador consideró que la nota diplomática enviada por el gobierno de Felipe Calderón va a hacer que el proceso judicial contra Zedillo se alargue o eventualmente se anule, por lo que llamó a definir con más claridad hasta dónde llegan las posibilidades de inmunidad para un ex mandatario, de tal forma que no haya discrepancias entre la soberanía y el derecho público internacional.

Por su parte, Eduardo Rosales, experto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en relaciones México-Estados Unidos, aseveró que a pesar de la responsabilidad que tiene Zedillo por la matanza de Acteal, la intervención del gobierno mexicano hará muy complicado que la demanda civil en su contra pueda tener éxito.

Es difícil pensar que el presidente (Zedillo) no estuvo al tanto de lo que estaba pasando (en Chiapas), pero va a ser prácticamente imposible que prospere esta demanda, más aún si México ya pidió inmunidad para él, lamentó.

Rosales señaló que el gobierno actual entró en defensa de Zedillo en previsión de que algunos funcionarios de administraciones panistas puedan enfrentar quejas similares en el futuro, como la que se interpuso contra Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional en noviembre del año pasado.

Para evitar que persista la impunidad México debe sumarse a los principios de justicia universal y apoye las demandas de juicio contra responsables de crímenes de lesa humanidad, dijo.