Bogotá, 2 de enero. La Ley de Víctimas, que busca resarcir a unos cuatro millones de colombianos afectados por el conflicto armado interno que surgió a principios de los años 60, entró en vigor este lunes, en medio de la presión de los grupos armados ilegales.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, calificó la ley –que por primera vez en esta nación reconoce los derechos de las víctimas del conflicto armado– como el principal logro en lo que va de su gobierno, ya que busca la restitución de dos millones de hectáreas a unos cuatro millones de personas que resultaron desplazadas o despojadas de sus tierras.

Aunque la aplicación de la norma enfrenta a grupos armados ilegales que se mantienen en algunas zonas del país donde se pretende hacer la restitución de terrenos, Santos advirtió que los criminales serán combatidos.

Insistió en que la ley de víctimas busca acabar con la indiferencia de la sociedad ante el fenómeno de desplazamiento, despojo, muerte y soledad que acompaña a quienes padecen los efectos del conflicto.

Así, hoy comenzó el proceso para determinar los montos de las indemnizaciones, la creación de mesas de participación y de un sistema de registro único de víctimas.

Este proceso podría tardar al menos 20 años.

En este contexto, la fiscalía colombiana acusó a cinco militares por la presunta ejecución de dos menores de edad en marzo pasado en el municipio de Vistahermosa, departamento de Meta.

Tropas de un batallón de contraguerrillas habían reportado la muerte de dos supuestos guerrilleros en combates ocurridos entre el 22 y el 23 de marzo, pero la fiscalía encontró que no hubo choque armado y que los presuntos guerrilleros eran dos agricultores de 15 y 16 años de edad.