La demanda civil presentada en Estados Unidos contra el ex presidente Ernesto Zedillo, por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la masacre de Acteal, se basa en un documento de la fiscalía especializada que investigó el tema, en el cual se concluyó que el entonces jefe del Poder Ejecutivo y otros altos funcionarios son responsables por el crimen, aspecto que no ha sido suficientemente destacado por la prensa ni por los sectores que demandan justicia.

Así lo afirmó el analista político Gilberto López y Rivas, quien consideró que esta acción, aun si sólo buscara una indemnización económica, puede servir de precedente para impulsar la demanda contra Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional.

Como se informó en estas páginas (La Jornada, 20 de septiembre, y 20 y 22 de diciembre de 2011), un grupo de familiares de víctimas de la matanza –presuntamente escindidos del colectivo Las Abejas– interpuso de forma anónima el 16 de septiembre una demanda civil contra Zedillo ante una corte de distrito del estado de Connecticut, Estados Unidos, donde reside hoy el ex mandatario.

En el documento, presentado por el bufete de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, con sede en Miami, se afirma que Zedillo tenía responsabilidad de mando en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas, por ordenar, participar y conspirar en la ejecución de la masacre, y su posterior encubrimiento.

Las Abejas, por su parte, desmintieron que hubieran interpuesto la demanda, porque para nosotros sólo busca el olvido y la burla a la memoria y dignidad de nuestros hermanos y hermanas masacradas. Estas personas quieren vender la sangre de nuestros muertos, porque la demanda sólo es de carácter civil, no penal (acteal.blogspot.com).

Al respecto, López y Rivas indicó que buscar una reparación económica es inadmisible para Las Abejas, y están en lo cierto, porque ninguna cantidad, por estratosférica que sea, puede pagar la vida de 45 personas, pero al mismo tiempo subrayó la importancia y el valor de la investigación que hizo en su momento la fiscalía especializada en el tema.

Al margen de si es ético pedir dinero, el hecho es que un ex presidente está siendo llevado a tribunales, y nada menos que por crímenes de guerra y de lesa humanidad. No es asunto menor, y puede crear un precedente para la demanda que interpusimos 23 mil personas contra Felipe Calderón en La Haya, dijo.

Por otro lado, subrayó que las conclusiones de la fiscalía sobre Acteal, dadas a conocer en octubre de este año, especifican con toda claridad que Zedillo y otros altos funcionarios, entre ellos el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; el ex procurador general de la República, Jorge Madrazo, y el ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro conspiraron para encubrir su responsabilidad en la masacre.

Ahí hay pruebas contundentes, incluido un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional que habla sobre la necesidad de crear bandas paramilitares, y ni la prensa ni los grupos que buscan justicia le han dado la dimensión exacta al informe, y no habría que menospreciarlo por una posición sectaria, enfatizó López y Rivas. Lamentó que las fiscalías de este tipo puedan ser desaparecidas por el gobierno con la mano en la cintura sin que nadie haga nada, y descalificó las versiones de que Carlos Salinas o Felipe Calderón estarían detrás de la demanda.

Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, consideró que habría que ser cauto frente a la identidad y las intenciones del grupo de demandantes, quienes posiblemente busquen nada más una indemnización pecuniaria, y no acceso a la justicia integral.

Asimismo, aseveró que la queja permite ver que, pese a la gravedad de lo ocurrido en Acteal, las instituciones oficiales siguen mostrando incapacidad para realizar una investigación imparcial y objetiva que lleve a la cárcel a los responsables, y esa impunidad ha sido alimento de nuevos agravios.