ras evocar un panorama que no puede ser más sombrío, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular (PP), anunció en su discurso de investidura ante el Congreso un severo recorte en el gasto público, la adopción de un nuevo marco laboral perjudicial para los trabajadores, el establecimiento de topes de gasto y endeudamiento para las administraciones autonómicas, la congelación de plazas en todo el sector público, salvo en las fuerzas armadas y las corporaciones policiales; la privatización de canales de televisión de carácter público; la supresión de las prejubilaciones; la eliminación de empresas semipúblicas, agencias y organismos, y en general el redimensionamiento del sector público y del personal a su servicio. La única excepción en esta estrategia será el incremento de pensiones para actualizar su poder adquisitivo.

Los recortes propuestos por Rajoy sumarán unos 16 mil 500 millones de euros (cerca de 300 mil millones de pesos), lo que, agregado a los 10 mil millones ya suprimidos por el gobierno saliente de José Luis Rodríguez Zapatero, implican una brusca contracción del sector público, con todo lo que eso conlleva en términos de costos sociales: reducción generalizada de los programas sociales –especialmente en materia de salud–, menor liquidez en la economía y con ello un incremento del desempleo, que ya ronda 23 por ciento de la población económicamente activa: unos 5 millones 400 mil individuos que se encuentran sin trabajo en este momento. Aunque el próximo gobernante anunció programas de fomento del empleo, sobre todo en el ámbito de incentivos y exenciones fiscales a las empresas, no quiso especificar de dónde, en un entorno de presupuestos recortados, saldrían los fondos correspondientes. No ha dicho de dónde va a sacar más dinero ni cómo va a financiar servicios públicos como la sanidad, la educación o las prestaciones por desempleo, señaló un diputado del PSOE.

Ciertamente, la Unión Europea ha exigido a España, Grecia e Italia, que adopten severas medidas de austeridad y disciplina fiscal, so pena de verse excluidas de la zona euro. En este sentido, los anuncios de Rajoy constituyen, en primer término, un mensaje de sumisión quebusca ser tranquilizador para Bruselas. El político derechista, dijo el portavoz de Izquierda Unida, José Luis Centella, fue al Congreso a cumplir un mero trámite, porque quien le dará el visto bueno a su programa de ajuste no es esta cámara, sino la señora Merkel y los mercados.

Es difícil imaginar, en lo inmediato, cómo podría ser aplicada esa estrategia inherentemente recesiva sin que ahonde y extienda el descontento social que ya se expresa en España en el movimiento de los Indignados.

Por otra parte, el plan del PP amenaza con generar importantes roces entre Madrid y algunos gobiernos autonómicos, particularmente el catalán. Para el portavoz de Convergencia y Uniò (CiU, principal fuerza política en Cataluña), Josep Antoni Duran i Lleida, resultó alarmante que Rajoy hablase de centralización o recentralización del Estado como parte de sus propuestas.

En suma, a pesar del margen abrumador con el que el PP ganó las pasadas elecciones españolas, el arranque del nuevo gobierno no parece fácil y para la sociedad el horizonte semeje ser más bien de desastre.