El proyecto de ley para atender a las víctimas del delito que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) elaboró, a petición del Senado, propone que el Estado garantice de manera integral la protección y reparación inmediata del daño a quienes han sufrido el embate del crimen organizado y han visto vulnerados sus derechos humanos de manera grave.

La propuesta de la máxima casa de estudios de crear una Ley General de Atención y Protección a los Derechos de las Víctimas incluye acciones para garantizarles de manera eficaz y real el acceso a la justicia, y establece medidas inmediatas para resguardar su integridad física, entre ellas trasladarlas, junto con su familia, a casas de cuidado o refugio.

Asimismo, apoyos económicos provisionales, mientras el responsable cubre los daños, en caso de que los ofendidos hayan quedado sin empleo o sin los medios para continuar con sus estudios. Además, se prevé pagar alimentos a enfermos o lesionados y sus dependientes, mientras dure el tratamiento.

El documento de la UNAM propone crear un Registro Nacional de Víctimas, que se integrará con datos proporcionados por la instancia federal local responsable del tema..

El proyecto de ley fue entregado desde el mes pasado al Senado y es parte del material que la Comisión de Gobernación analiza, a fin de elaborar el dictamen de esa legislación que el Congreso se comprometió a aprobar con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia.

La fracción del PRD presentó una iniciativa en la materia y el priísta Jesús Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación, trabaja en el anteproyecto de las comisiones dictaminadoras, que deberá presentar en febrero, cuando vuelven a sesionar ambas cámaras del Congreso.

En su propuesta, la UNAM recalca que la creciente inseguridad pública y expansión de la delincuencia organizada, aunado a la impunidad, ha propiciado diversas expresiones sociales de hartazgo, inconformidad, reprobación e indignación contra la forma en que las autoridades de gobierno se conducen ante los legítimos reclamos de la sociedad, particularmente de las víctimas.

El proyecto establece la creación de una procuraduría social o una instancia local correspondiente, que junto con el Sistema Nacional de Atención Integral a las Víctimas y las entidades o dependencias de los tres niveles de gobierno, serán las responsables de dicha atención.

Se prevé además la creación de un Fondo de Apoyo a las Víctimas, constituido con recursos provenientes de donaciones de particulares, de organismos altruistas, nacionales y extranjeros, de bienes decomisados a delincuentes, de bienes objeto de extinción de dominio y de reparaciones del daño no reclamadas, entre otras.