Washington, 14 de diciembre. La ley migratoria de Alabama, la más dura de Estados Unidos, niega a los inmigrantes indocumentados y hasta a los residentes legales sus derechos básicos, afirmó hoy Human Rights Watch (HRW) al publicar un informe sobre los efectos de la normativa en la vida y economía de ese estado estadunidense.

La ley contiene provisiones que han sido interpretadas de una manera que impiden a los inmigrantes indocumentados participar en transacciones diarias necesarias, lo que les niega sus derechos fundamentales, destacó HRW en su informe No es forma de vivir: La ley migratoria de Alabama, publicado este miércoles.

Es más, afirma HRW, la HB56 afecta incluso a personas que residen legalmente en Estados Unidos.

La nueva ley le ha dado a la policía y a los ciudadanos privados una licencia para discriminar a los inmigrantes indocumentados, así como a ciudadanos estadunidenses pertenecientes a minorías y hasta a residentes permanentes, sostiene la organización no gubernamental.

Para elaborar el reporte, HRW entrevistó a 57 residentes en el estado, tanto indocumentados como residentes permanentes y ciudadanos, que informaron de abusos o discriminación bajo la normativa HB56, que ya ha sido demandada por el gobierno de Barack Obama.

La organización de derechos humanos se refiere a varios artículos de la HB56 que, entre otros, les impide a los indocumentados realizar transacciones comerciales en Alabama, solicitar una licencia de conducir, un permiso comercial o un documento de identificación.

Como resultado, agencias estatales y locales han declarado que inmigrantes indocumentados no pueden solicitar agua u otros servicios públicos, que no pueden vivir en sus propias casas rodantes o renovar sus licencias para sus propios pequeños negocios, resume el informe de HRW.

La HB56 está considerada la ley más dura aprobada por un estado desde que Arizona emitió su propia ley migratoria el año pasado en desafío al gobierno central, que ha demandado estas normativas alegando que la cuestión migratoria es un asunto federal y no puede ser regulado por cada estado.

El pasado octubre, tras la demanda interpuesta por el gobierno de Obama, la Corte de Apelaciones de Atlanta bloqueó algunos de los artículos más controvertidos de la HB56, como aquel que obligaba a las escuelas comprobar el estatus migratorio de sus estudiantes.

Sin embargo, permitió la implementación temporal de otros capítulos, como el que los agentes pueden verificar el estatus migratorio de una persona que haya cometido algún tipo de infracción si tienen una duda razonable de la legalidad de su situación en Estados Unidos, o el que les impide realizar transacciones comerciales con indocumentados.

Además de la de Arizona y Alabama, el gobierno del presidente Obama también ha demandado ante los tribunales otras dos normativas migratorias estatales, las de Utah y Carolina del Sur.