Las fracciones del PAN y PRI en el Senado aprobaron reformas a la ley que rige al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por las que, según denunciaron en tribuna legisladores del PRD, dejarán sin posibilidad de servicio médico a cerca de medio millón de mexicanos.

La reforma al artículo 242 de esa ley, aprobada por 60 votos en favor y 21 en contra, faculta al consejo técnico del IMSS a aumentar anualmente las cuotas que pagan quienes se inscriben voluntariamente a ese Instituto, por conducto del seguro facultativo. Se trata, en general, de familiares de migrantes que residen en Estados Unidos, cañeros y trabajadores independientes.

El perredista Pablo Gómez hizo notar que cada familia paga en promedio 5 mil pesos y ese costo se triplicará, de acuerdo con los datos que el director del IMSS ha expuesto aquí mismo, donde especificó que debe ser de 15 mil pesos.

Otro perredista, Arturo Herviz, pidió que no se deje en el desamparo a más de 500 mil familias, entre ellas 165 mil de cañeros, que con trabajos pueden pagar 7 mil pesos al año al IMSS y jamás podrán pagar 15 mil.

La reforma aprobada al artículo 242 de la Ley del IMSS establece: El consejo técnico podrá determinar anualmente el importe de las cuotas a aplicar, previa realización de los análisis y estudios actuariales pertinentes, sin detrimento del principio de solidaridad social.

Actualmente, precisó el perredista, “ya se incrementan cada año las cuotas, sólo que conforme al índice nacional de precios al consumidor (INPC), pero quieren hacerlo con base en un estudio actuarial. ¿De qué se trata? Es una injusticia. Quieren llegar a un seguro de gastos médicos mayores chafa”.

Tomás Torres, también senador del PRD, pidió no avalar este cambio a la Ley del IMSS, porque este seguro de salud para la familia da cobertura a hijos de trabajadores migrantes, que pagan su cuota anual.

En respuesta, la ex perredista, ahora panista Minerva Hernández, y el priísta Rogelio Rueda argumentaron que la medida es para que el IMSS enfrente sus problemas financieros. El seguro de salud para la familia no es una prestación social que proporciona el Estado, sino una especie de contratación de un seguro médico de carácter privado entre el Seguro Social y un particular.

En su turno, Pablo Gómez reviró: Escuché que este seguro no es una prestación del Estado. Este seguro, se dice en la nota enviada no sé por quién, pero me imagino, y leída aquí, es la contratación de unos servicios. Como éstos tienen un costo mayor, hay que subir el precio para emparejarlo. Ésa es la idea.

“No acepto la manera tan deleznable como se expresa en esta soberanía en el sentido de que ‘me dieron a leer un par de hojas’. No lo tolero y le pediría al senador ofrezca una disculpa pública”, protestó Hernández.

Gómez respondió: Acepto que es de muy mal gusto señalar eso del texto leído en tribuna. Acepto mi culpa, pero es peor venir aquí a leer notas ajenas, mucho peor del gusto. Es más: ya no me quiero acordar de eso porque me da pena ajena.

Cuestionados por el senador Gómez de que dejan en manos del consejo técnico una decisión de esa naturaleza, Rueda y Hernández respondieron que confían en la inteligencia de los integrantes del consejo en el que están los representantes de los trabajadores.

Tampoco pudieron precisar por qué en el dictamen no se incluyó un artículo transitorio para dejar a salvo los derechos adquiridos por cerca de medio millón de familias que reciben servicio médico mediante el seguro facultativo, y que esa medida sólo se aplique a las nuevas familias que se aseguren voluntariamente.