Jalapa, Ver., 8 de diciembre. Organizaciones no gubernamentales pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer las investigaciones sobre el homicidio de la joven Gabriela Arlene Benítez Ybarra, desaparecida el 13 de junio pasado y cuyo cadáver fue localizado tres meses después en un predio boscoso de esta ciudad, con huellas de violencia sexual.

Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, dijo que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cometió graves omisiones en la integración y desahogo del expediente de investigación, lo que refleja que no hay ni voluntad ni interés para allegar justicia a la estudiante y a sus familiares.

Dijo que el caso de Gaby, como era conocida entre sus compañeros de bachillerato, al igual que el de otras jovencitas jalapeñas desaparecidas, podría estar ligado al crimen organizado.

“Capturan a las jóvenes para servir de halcones, es decir, de informantes y esclavas sexuales de los sicarios, y cuando se rebelan o ya no les sirven las asesinan. Es algo que en todo el país se han negado a reconocer las autoridades judiciales en cientos de casos de mujeres jóvenes plagiadas”, aseguró la activista durante la presentación de la Fundación Gaby-ota, creada por Bárbara Ybarra, madre de la joven jalapeña, para ayudar a localizar desaparecidos.

A pesar de que la madre de Gabriela Arlene presentó denuncia por su desaparición y clamó por apoyo de las autoridades, la PGJE informó que la joven había abandonado su casa por voluntad propia porque padecía violencia intrafamiliar.

El 23 de septiembre, el cadáver de Gaby, en estado de descomposición y con huellas de abuso sexual y ahorcamiento, fue localizado en el predio El Santuario de las Garzas, en la periferia de la ciudad.

En ese sitio se han encontrado los cuerpos de siete mujeres más, tres de ellas adolescentes. En el momento de su desaparición, Gabriela Arlene tenía 17 años y es una de los 30 jóvenes jalapeños que en este año han sido raptados en la capital del estado.

Rosalba Cruz, coordinadora jurídica de la coalición, señaló que en el expediente abierto por la PGJE cuando la víctima estaba desaparecida y tras la localización de su cuerpo tiene “severas deficiencias procesales y omisiones que hacen suponer que no se cumplieron los principios legales para procurar justicia.

Lo único que hicieron en los tres meses después de su desaparición fue girar oficios a dependencias federales, con datos erróneos de Gaby, para pedir apoyo en la búsqueda. Después se pidieron diligencias sobre el cadáver y el lugar donde se localizó el cuerpo. Nunca se hicieron. Es más, el expediente ni siquiera está foliado ni sellado. Cualquiera puede desaparecer hojas sin que se note; no hay certeza, explicó la abogada.

Teresa Ulloa y Bárbara Ybarra, así como integrantes del Colectivo de Víctimas de la Violencia en Jalapa, pidieron a la titular de la PGR, Marisela Morales Ibarra, atraer las pesquisas.

Activistas criticaron a la alcaldesa de Jalapa, la priísta Elizabeth Morales García, porque pese a que siete mujeres han sido asesinadas en El Santuario de las Garzas, el lugar sigue sin vigilancia y no se ha emitido una alerta en la ciudad por la ola de desapariciones, lo cual la hace corresponsable por omisión, señalaron.