Villahermosa, Tab., 8 de diciembre. El Centro de Derechos Humanos del Usumacinta (CDHU) respondió al presidente de Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, quien el pasado martes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, refirió que los campesinos guatemaltecos desplazados de ese país y refugiados en Tenosique, Tabasco, son radicales y recalcitrantes, aunque aseguró que su gobierno se mantiene abierto al diálogo.

Colom miente, ya que todo el proceso de diálogo se ha dado en un ambiente de humillación hacia la comunidad, pues de distintas maneras los han presionado, sostuvo Tomás González Castillo, presidente de la organización defensora de los derechos humanos con sede en Tenosique.

El sacerdote franciscano dijo que en las negociaciones de reubicación el gobierno guatemalteco ha presionado de tal manera que en la anterior mesa de diálogo amenazó a la comunidad diciendo que ya no hay tiempo para seguir negociando, pues con el nuevo gobierno (de Guatemala, que asumirá en enero) empezarán de cero.

El mandatario guatemalteco abordó el tema de los desplazados en entrevista con los medios, luego de recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Chiapas por su contribución solidaria a la lucha en favor de los migrantes y la paz en la región.

En referencia a los 250 guatemaltecos refugiados en México, entre ellos 115 niños, Colom dijo que el diálogo está abierto, pero son bastantes radicales y recalcitrantes; hasta donde sé, querían volver al mismo lugar, pero estaban asentados en áreas naturales protegidas. Se les ha ofrecido otro lugar. Mi gobierno se mantiene abierto al diálogo, subrayó.

El religioso católico argumentó que las 68 familias que se encuentran en un campamento situado en la comunidad tabasqueña de Nuevo Progreso demandan tierras para trabajar, así como reubicación con respeto a los derechos humanos y que se les garantice la reparación de daños, pues en tres desalojos muy violentos los han dejado a la intemperie y sin patrimonio.

El dirigente del CDHU hizo un urgente llamado a los gobiernos de Guatemala y México para que cumplan su obligación de proteger efectivamente la vida, la integridad física y los derechos humanos de la población desplazada de Nueva Esperanza, Guatemala. Aseguró que los integrantes de esa organización han sido testigos de que las familias padecen hambre y enfermedades.