En la demanda en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), este miércoles se realizó la primera audiencia en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), donde el representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Secretaría de Educación Pública se limitaron a recibir documentos y escuchar los alegatos de la disidencia.

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), instancia que interpuso esta demanda –avalada por 80 mil firmas de maestros–, señalaron que el tribunal deberá decretar juicio de nulidad a esta alianza, pues es resultado de un acuerdo ilegal.

Explicaron que la demanda es en contra de la ACE y de todas las acciones derivadas, como la evaluación obligatoria, que viola derechos laborales de los maestros.

La segunda audiencia está citada para el 15 de diciembre, pero advirtieron que en caso de que no proceda su demanda por medio de este recurso jurídico se interpondrá otro ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Jorge Cázares, secretario general de la sección 18 y miembro de la CNTE, señaló que el 17 de diciembre realizarán un foro nacional con motivo del 32 aniversario de la coordinadora al que asistirán representaciones de 28 secciones sindicales. En esta instancia se definirán las acciones de lucha a seguir.

La demanda laboral fue interpuesta el 14 de mayo de 2009 y exige la anulación de la ACE –acuerdo firmado en 2008 entre el gobierno federal y el SNTE-, pero también pide la revocación de todos los actos jurídicos derivados de ésta, como la modificación de los lineamientos del Programa Nacional de Modernización Magisterial y el de la Evaluación Universal, además de la democratización del magisterio y la salida de Elba Esther Gordillo, presidenta vitalicia del SNTE.

Dirigentes de la disidencia explicaron que parte de la ilegalidad de la alianza radica en que fue firmado por la entonces secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y el secretario general del SNTE, Rafael Ochoa, quien no contaba con facultades para suscribir ese documento, pues aún no tenía la toma de nota, mientras la ex titular de la SEP se atribuyó funciones que, en materia de reformas educativas, sólo corresponden al Congreso de la Unión.