Las comisiones de Economía y Función Pública de la Cámara de Diputados aprobaron ayer la minuta del Senado sobre la ley de asociaciones público privadas que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, permitirá al gobierno federal, órganos autónomos y los estados otorgar contratos sin licitar para construir obras y operar los servicios hasta por 40 años.

Al rechazar el alcance de la ley, diputados de PRD y PT explicaron que en los hechos se privatizan todas las áreas de la administración pública y los servicios, desde la construcción de escuelas, carreteras, hospitales, cárceles, redes de agua potable y alcantarillado.

Lo que se está haciendo es legalizar la adquisición de deuda pública disfrazada, a un costo muy alto para el gobierno. Se hipoteca el futuro del país y la única garantía es para las empresas, expresó Laura Itzel Castillo (PT).

El diputado Ramón Jiménez López (PRD) afirmó que no se requiere que el gobierno recurra a contratos con empresas privadas para obras públicas. Lo necesario, dijo, es que se reduzca el gasto corriente, que en 2011 es de 72 por ciento.

Un ejemplo de austeridad sería eliminar los gastos médicos mayores de que gozan los funcionarios de los tres poderes. Con lo que se gasta en un solo año en ese rubro podrían construirse 200 nuevas preparatorias en todo el país, con laboratorios y talleres modernos, e incluso pagar el sueldo de los profesores, expresó.

Cuestionado por los legisladores sobre el objeto de la ley, el titular de Análisis de Delitos Financieros de la Secretaría de Hacienda, Ulises Gómez Nolasco, sostuvo que el nuevo esquema no es similar a la contratación de deuda que se utilizó para financiar proyectos en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

En las asociaciones público privadas, según el funcionario, el Estado no acudirá directamente a contratar deuda, sino que se asociará con particulares debido a sus condiciones para aportar tecnología o valores.

Actualmente, dijo, la Ley de Adquisiciones otorga contratos por separado para obras y servicios. Lo que permitirán las asociaciones público privadas es otorgar una concesión con un solo contrato, y que en éste se pacten las condiciones y la forma en que construirá el proyecto y se prestará el servicio, dijo.

Presentó como ejemplo la construcción de un hospital: Hoy se construye y por otro lado se hace un contrato para otorgar el servicio o llevar a cabo la operación del nosocomio.

Esa declaración le permitió a Laura Itzel Castillo concluir que con la ley se desmantela al Estado y se privatizan sus servicios; las ganancias serán para los privados y las pérdidas para el sector público.

Además, expuso, como las obras serán consideradas de carácter social, las empresas contratadas no pueden quebrar o abandonar los proyectos, y en ese caso la obligación gubernamental será rescatarlas. Esta modalidad contribuyó a la situación crítica de los países europeos, indicó.