La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene registrada la deuda de Coahuila, de 2007 a 2011, en ocho expedientes que constan de mil 500 hojas.

Los documentos, que por ahora la SHCP mantiene bajo reserva por 12 años, se encuentran en el Registro de obligación de los empréstitos de las entidades federativas, y corresponden a las participaciones federales que la dependencia habría entregado al gobierno de Humberto Moreira.

Incluyen los decretos emitidos por el Congreso local para la aprobación de la deuda que contrajo el entonces gobernador de Coahuila, por alrededor de 34 mil millones de pesos.

Se contabilizaron ocho decretos, que son 40 hojas, y respecto de la documentación, haciendo un recuento y considerando los anexos y todos los documentos que conforman la deuda pública de dicha entidad, nos encontramos con un universo de mil 500 fojas, informó el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), Ángel Trinidad Zaldívar.

Destacó que para registrar los empréstitos que adquieren los estados y comprometen recursos federales, la SHCP tiene la obligación de verificar el cumplimiento de una serie de requisitos, más si se trata de recursos federales.

Si no se cumplen los requisitos (de los estados), esa deuda no debe quedar inscrita en el registro de la SHCP, según establece la Ley de Coordinación Fiscal. Lo anterior lo expresó el comisionado durante el debate del recurso 5170/11, el 23 de noviembre pasado, y cuya resolución –en la que proponía revocar la reserva impuesta por la SHCP– quedó postergada a petición de la comisionada Sigrid Arzt Colunga.

Arzt Colunga recibió el apoyo de Jacqueline Peschard, en tanto que María Elena Pérez-Jaén se manifestó contra la apertura de la información hasta en tanto el Ifai no revise los expedientes para verificar si hay información susceptible de mantenerse bajo reserva.

La SCHP impuso la reserva más larga que establece la Ley Federal de Transparencia, con el argumento de que divulgar los expedientes de deuda podrían ocasionar daños al sistema financiero y que se debe proteger el secreto bancario.

Trinidad advirtió que los argumentos de la SHCP no justifican la clasificación aludida; por el contrario, esa información con la que cuenta hoy Hacienda es el único mecanismo para ver si la documentación que le fue entregada era o no suficiente para inscribir la deuda en el registro y si hay responsabilidad.

La perredista Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, adujo que miles de ciudadanos han presentado amparos en Coahuila contra el pago de los préstamos que autorizó la banca privada al gobierno estatal, por lo que exigimos llevar hasta sus últimas consecuencias la investigación sobre este atentado en contra del pueblo de Coahuila, y que se castigue a los responsables de este desfalco para que no queden impunes y se haga justicia a los ciudadanos de esa entidad.

El acto reclamado por los ciudadanos que recurrieron al amparo establece que la deuda de 33 mil 973 millones de pesos, contraída con instituciones financieras es ilegal.

La legisladora solicitó a la Procuraduría General de la República y a la SHCP que indaguen a fondo el método por el que se contrajo la deuda, porque se presentaron documentos apócrifos, se falsificaron otros más y se presentaron recursos federales como garantía bancaria.