La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma para reglamentar la figura del arraigo, incluida en el artículo 16 constitucional, y definir que sólo un juez decidirá los requisitos y el tiempo en que una persona presuntamente vinculada con la delincuencia organizada podrá estar sujeta a esa medida cautelar.

Hasta ahora, el Ministerio Público (MP) es el que decide si un detenido permanece bajo arraigo 40 días y duplicar ese término. El presidente de la comisión, Humberto Benítez Treviño, dijo que si bien se mantienen los mismos plazos, ya no será una atribución discrecional del Ministerio Público.

“La reforma pretende detener las detenciones que, disfrazadas de arraigo, pueden vulnerar los derechos constitucionales de las personas. Tenemos que regular esta figura que, si no la acotamos, puede convertirse en una ‘facultad’ de la Procuraduría General de la República (PGR) que violente los derechos humanos”, expresó.

Benítez Treviño evaluó que en una interpretación laxa del artículo 16 constitucional, a juicio del MP se puede duplicar el arraigo y no a consideración del juez, y esto se traduce en una facultad arbitraria. Su compañero de bancada Josué Valdez Huezo explicó que al reglamentar el alcance del citado artículo se pretende acotar el uso político del arraigo, como ocurrió con los alcaldes, legisladores y funcionarios de Michoacán detenidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Después de varios meses, expuso, todos los involucrados por la PGR fueron liberados porque el Ministerio Público no pudo acreditar su relación con la delincuencia.

El dictamen acota que el arraigo sólo se utilizará por supuestos delitos de delincuencia organizada, y que para solicitarlo, el Ministerio Público deberá acreditar, al menos con indicios, que la persona tiene relación con bandas y existe sospecha fundada de su peligrosidad o de inminente evasión de la justicia.

El panista Óscar Arce argumentó que la PGR abusa del arraigo y por ello es una figura muy controvertida. No obstante, dijo que no está de acuerdo en que desaparezca, sino que se reglamente.

La perredista Ángeles Nazáres expresó que su grupo parlamentario ha presentado iniciativas para suprimir ese método de detención, que vulnera derechos, como la privación de la libertad hasta por 80 días, la presunción de inocencia, el debido proceso y se ubica en un subsistema en el que los detenidos no son indiciados ni inculpados; en suma, se permite la detención para investigar, cuando la lógica debe ser la investigación para poder detener.