Juristas como el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro Góngora Pimentel y el ex procurador general de la República Diego Valadés, así como organizaciones no gubernamentales y activistas políticos y sociales, suscribieron un pronunciamiento en el cual expresan su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno federal entable acciones legales contra los 23 mil ciudadanos que, en pleno ejercicio de su derecho a acudir a instancias legales internacionales, han ofrecido información al fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya para que se investigue la posible comisión de delitos de lesa humanidad, tanto por funcionarios públicos (entre ellos el presidente Felipe Calderón) como por narcotraficantes.

Lo anterior fue dado a conocer durante un acto realizado frente a la Procuraduría General de la República (PGR), durante el cual los más de 250 asistentes se entregaron a las autoridades en forma simbólica, tras conocer que la Presidencia de la República podría presentar una denuncia en su contra por el delito de difamación.

Los manifestantes afirmaron que están dispuestos a responder a cualquier denuncia que se presente en su contra, pues con más de 50 mil muertos se debe cambiar esa estrategia, terminar con la guerra y que se juzgue a los responsables de generar tanta violencia, no acallar a los ciudadanos. También señalaron que la incompetencia es criminal cuando se asesina a más de 50 mil personas y no hay justicia.

En ese contexto, los firmantes de la denuncia contra el presidente Felipe Calderón, los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional dieron a conocer el pronunciamiento de los juristas, en el cual se menciona: “Estamos convencidos que esta acción del gobierno violentaría, entre otros, los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Independientemente de que la información en cuestión desemboque o no en una investigación del fiscal de la Corte Penal Internacional, sea considerada jurídicamente viable por los jueces de la CPI o pueda ser o no refutada por el mismo gobierno federal con base en los argumentos jurídicos del caso en cuestión, hoy resulta sumamente preocupante que se pretenda intimidar a los ciudadanos al emprender acciones legales en su contra.

Invitamos respetuosamente al gobierno federal, y en particular al presidente Felipe Calderón, a que reconsidere esta acción que podría afectar gravemente el estado de derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país.

Durante la manifestación, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, en nombre de la procuradora Marisela Morales Ibáñez, llegó hasta donde estaban los oradores y ofreció: Las puertas de la PGR están abiertas para quien quiera presentar alguna denuncia.

Los manifestantes le preguntaron si la Presidencia de la República ya había presentado alguna denuncia, porque estaban ahí para entregarse. El funcionario dijo que no tenía información al respecto y entonces le gritaron que se fuera; él se retiró del lugar y el mitin continuó.

Entre los asistentes a la movilización estuvieron, entre otros, el promotor de derechos humanos Jesús Robles Maloof; Eder Guevara, del Movimiento contra el Olvido, y los firmantes Marcos Alejandro Gil González, John Ackerman, Amilkar Sandoval y Zazil Carreras, quien afirmó que el Presidente tiene miedo a que la historia lo juzgue, pero es mejor que lo haga la Corte Internacional.