Senadores de PRI, PRD y PVEM solicitaron al gobierno federal el retiro de la candidatura del procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, para ser juez en la Corte Penal Internacional (CPI), debido a que el Panel Independiente sobre Elecciones Judiciales emitió una evaluación de no calificado para el cargo, debido a que carece de la experiencia necesaria relevante, ya sea como juez, fiscal o abogado o alguna otra capacidad similar, en procedimientos penales, requeridos.

Los legisladores presentaron un punto de acuerdo en el cual destacan que “si se hubiese tenido una visión de Estado, nuestro país no estaría enfrentando la vergüenza ante los organismos de justicia internacional de que se haya evaluado a Laynez como ‘no calificado’”.

Agregan que Laynez Potisek, quien lleva el caso de la Secretaría de Hacienda contra el gobierno de Coahuila, tampoco reúne el requisito de independencia –que es fundamental para desempeñar ese trabajo en la CPI–, ya que ha sido funcionario en los dos últimos sexenios en México.

El punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria, quedó pendiente. Trascendió que el gobierno de Felipe Calderón ha cabildeado entre las fuerzas políticas para que ya no se trate ese tema, con el argumento de que no insistirá en la candidatura de Laynez.

Entre los senadores existe la versión de que Calderón, a pesar de la opinión de los expertos, insistirá en que Laynez sea juez en la CPI, ya que quiere colocar en ese tribunal a alguien de su confianza, sobre todo porque se prevé que seguirán llegando a esa instancia denuncias contra él y su gobierno, por lo cual cabildea en la Corte. En entrevista, el senador priísta Carlos Jiménez Macías dijo que espera que no sea así.

En la propuesta de punto de acuerdo, Jiménez Macías, José Guadarrama, del PRD, y René Arce, del PVEM, detallan que el candidato Laynez no está calificado, porque no tiene la experiencia necesaria relevante. Es decir, se requiere que el candidato demuestre participación sustancial en procedimientos penales, además de experiencia en tribunales, incluyendo en litigio criminal y en procedimientos de apelación, de al menos varios años, y que dicha experiencia debería ser sustancial y no sólo una parte periférica de la ocupación del candidato.

Los legisladores sostienen que el panel de expertos que evaluó a Laynez subraya que el currículo del candidato y otros materiales, incluyendo el cuestionario que completó, no indican ni reflejan una adecuada vinculación en procedimientos penales, como se establece en el artículo 36, párrafo 3 (b) (i). El candidato posee extensa experiencia en el servicio gubernamental como negociador en materias relacionadas con la ley penal y sus procedimientos, incluyendo asuntos de política criminal y extradición.

Incluso, precisan los legisladores, el panel destaca en su evaluación que, como subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Procuraduría General de la República, el candidato litigó para el gobierno mexicano un caso que involucra desviación y recuperación de fondos públicos. Sin embargo, el panel encuentra que el candidato no tiene una vinculación sustancial directa con procedimientos penales.

Abundan que, “en opinión del panel, la actual responsabilidad (de Laynez) como procurador fiscal para combatir delitos financieros, fiscales y contrabando (sic) no indican una vinculación adecuada con los procedimientos penales que se establecen en el Estatuto de Roma, por tanto, el candidato no satisface la ‘específica’ experiencia requerida”.