Los abogados de los tres sindicatos de Mexicana de Aviación, así como los de los más de mil 500 trabajadores de confianza de esta aerolínea comenzaron a preparar documentos para reclamar los 270 millones de dólares de pasivo laboral que no les fue entregado mientras pertenecieron a Cintra y estuvieron en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Después de una reunión con miembros de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, el dirigente de los trabajadores de Tierra, Miguel Angel Yúdico, y el diputado Mario Di Costanzo, integrante de la comisión de seguimiento del caso, denunciaron que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha realizado inspecciones a grupos de inversionistas que se han interesado en capitalizar la aerolínea, como en el caso de Iván Barona, como medida para inhibir su participación.

Al mismo tiempo, cuestionaron que en Estados Unidos empresas como American Airlines se haya declarado en quiebra pero seguirá volando, y que aquí se hayan sacado del aire 105 aviones de Mexicana.

Por separado, el juez décimo primero de distrito en materia civil radicado en la ciudad de México, Felipe Consuelo Soto, emitió un acuerdo en el que exhortó al secretario de Comunicaciones, Dionisio Pérez-Jácome, a garantizar que la dependencia está comprometida a dar las facilidades necesarias a los inversionistas interesados en reactivar a Mexicana, a fin de dar certidumbre jurídica los inversionistas, y le exigió además garantizar la integridad de los datos y derechos humanos de los involucrados en el caso.

Consuelo Soto aseguró que junto con el conciliador Gerardo Badín están en plena disposición de recibir a todos los interesados para esclarecer sus dudas sobre la situación de la empresa, el concurso mercantil y otorgar el apoyo requerido.

En el mismo acuerdo fustigó las declaraciones del secretario del Trabajo, Javier Lozano, en el sentido de que Mexicana entra en ruta crítica, y advirtió que cualquier decisión que se tome en torno al rescate o quiebra de la empresa debe evitar violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, sobre todo de los pensionados, que en este caso no la reciben del IMSS o del ISSSTE, sino de un fideicomiso que no les garantiza un ingreso digno.

Destacó que Mexicana de Aviación no es propiamente una empresa del sector privado ya que depende de una concesión federal, y emitió un oficio para que Javier Lozano le informe sobre las acciones y medidas para garantizar el pleno respeto, protección y garantía de los trabajadores de Mexicana, porque ellos no son responsables de que la empresa se encuentre en esta situación.

El juez también requirió al director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Héctor Velázquez Corona, que informe por qué solicitó que la Policía Federal Preventiva resguadara un costado de los hangares de Mexicana el 9 de noviembre de este año, lo que entre los trabajadores generó el temor de un desalojo y despojo de esas instalaciones.

En este mismo acuerdo el juzgador requirió por tercera ocasión al secretario de Seguridad Pública de la ciudad de México, Manuel Mondragón, para que informe sobre el desalojo violento de trabajadores de Mexicana realizado hace un mes frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de no presentarse se le impondrá una multa de 250 días de salario mínimo por incurrir en desacato.

A su vez, Miguel Angel Yúdico reiteró el apoyo de los trabajadores al juez Felipe Consuelo Soto porque, dijo, con acciones como el acuerdo de ayer ha demostrado su preocupación por los trabajadores de Mexicana. Destacó que desde la semana pasada no han vuelto a ser convocados por la SCT y la STPS para hablar sobre las sugerencias de Javier Lozano sobre la conveniencia de que vayan pensando en su liquidación y la quiebra antes de que se deprecien más los activos de la aerolínea.

Señaló que la Comisión de Transporte se comprometió a averiguar más sobre los 270 millones de dólares que no les entregó Cintra a los trabajadores como parte de su activo laboral, así como de la venta de Mexicana a Gastón Azcárraga en 150 millones de dólares, cuando en realidad valía mil 450 millones.