Madrid, 28 de noviembre. El yerno de rey Juan Carlos, el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, se encuentra en el centro de una compleja investigación en la que se le vincula a un sinfín de delitos, la mayoría por apropiación de dinero público por medio de gobiernos amigos que concedían generosos contratos a las empresas del miembro de la casa real española. Un dato que demuestra el súbito enriquecimiento de Urdangarin, ex deportista de élite, es que en un plazo de tres años compró un palacete en Barcelona de seis millones de euros y seis departamentos más.

Las conclusiones de la fiscalía anticorrupción son, según su informe, demoledoras para el prestigio y los intereses del primer miembro de la casa real española investigado y, quizás, en vías de ser procesado por el delito más grave que puede cometer un representante de la jefatura del Estado: apropiación de dinero público, además de las numerosas vinculaciones con operaciones de fraude fiscal, tráfico de influencias y falsedad de documentos. Además, en la investigación se probó que en al menos una de las sociedades desde la que se habrían cometido los desfalcos al erario, una de las principales accionistas y fundadoras era su esposa, la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos.

Urdangarin creó una serie de empresas sin ánimo de lucro, como el Instituto Nóos Consultoría Estratégica SL y Aizoon SL, desde las que operaba de la mano de su socio Diego Torres, que, gracias a las relaciones públicas del propio duque de Palma, consiguieron contratos millonarios, la mayoría inflados, y que sobre todo concedieron dos gobiernos autonómicos: el de las Islas Baleares, del conservador Jaume Matas, y el de Valencia, del también conservador Francisco Camps (quien se encuentra fuera del cargo por otro caso de corrupción).

Pero las empresas y los tentáculos de Urdangarin también llegaron hasta otras instancias, como empresas del tamaño de Telefónica, Aceralia o la Sociedad General de Autores de España (SGAE), que pagaron también contratos inflados y millonarios por asesorías que en muchas ocasiones ni siquiera se llevaron a cabo. La investigación que realiza el juzgado de instrucción 3 de Palma, junto con la fiscalía anticorrupción y la Policía Judicial, bautizada como operación Babel, también ha descubierto múltiples contrataciones en el ámbito público, entre ellas con los ayuntamientos de Alcalá de Henares y Mataró. Este último empleó la formula de contratos menores, que permite eludir el preceptivo concurso público, y adjudicó pagos de entre 12 mil y 30 mil euros a las empresas de Urdangarin. Otro descubrimiento relevante han sido los pagos efectuados a Nóos por equipos de futbol como el Valencia o el Villareal, que llegaron a desembolsar hasta 690 mil euros por un informe de una decena de folios.

En el documento de conclusiones también se aporta un informe con el aumento patrimonial de los duques de Palma, que en menos de cuatro años compraron siete viviendas, una de ellas de seis millones de euros, en el lujoso barrio barcelonés de Pedralbes. Los datos fiscales indican que las seis viviendas costaron en total un millón 285 mil 337 euros.

Ante el cúmulo de irregularidades y sospechas, el único partido político que ha reclamado abiertamente una respuesta pública del duque de Palma ha sido Izquierda Unida de Valencia, que emitió una carta en la que le exigen que colabore con la justicia aportando toda la documentación e información que se le requiera y, sobre todo, que devuelva los fondos públicos que le fueron otorgados en su momento y que, según se ha sabido recientemente, acabaron en empresas vinculadas a usted y a su esposa, la infanta Cristina.