Ejido Nuevo Progreso, Tab., 28 de noviembre. Sesenta y ocho familias oriundas de la comunidad Nueva Esperanza, departamento de El Petén, Guatemala –a 400 metros de la frontera de ese país con México–, refugiadas en Tabasco desde agosto, viven sin apoyo de las autoridades de su país ni de las mexicanas, después de que soldados guatemaltecos las expulsaron de su pueblo con el pretexto de hallarse en una reserva natural y de tener relación con la delincuencia organizada.

Carecen de agua, víveres y medicinas, por lo que analizan tramitar ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) una solicitud de asilo en México en caso de que se prolongue el conflicto.

Se han reunido en siete ocasiones con autoridades de su país, que no han atendido su demanda de remediar los daños en sus tierras y viviendas, incendiadas por militares.

Aseguran vivir en la incertidumbre ante el arribo de Otto Pérez Molina a la presidencia de Guatemala, en enero. Temen que de no resolverse el problema en la actual administración el gobierno entrante podría endurecer su postura porque, dicen, es de línea militar.

Desconocemos cuál será el futuro de la comunidad con ese gobierno, que sin duda será de mano dura, comenta el profesor Helider Pelicó en una reunión informativa efectuada el domingo.

Tres meses después de haber sido desplazados, sobreviven gracias a la ayuda que les envían la Cruz Roja Mexicana, iglesias católicas y adventistas, así como organizaciones no gubernamentales. El gobierno guatemalteco sólo una vez nos envió víveres, que duraron ocho días, lamentan.

Los 250 guatemaltecos, entre ellos 115 niños y 70 mujeres, permanecen hacinados en un campamento de pequeñas casas de madera y lona en el ejido Nuevo Progreso, municipio de Tenosique, Tabasco, donde se asentaron luego que el 23 de agosto fueron desalojados por soldados de su país.

Al principio eran 91 familias, pero la desesperación hizo que algunas, que tenían documentos migratorios, buscaran trabajo en ranchos de la región.

Aseguran que la expulsión se debió a que los acusaron de ocupar una reserva natural y tener nexos con narcotraficantes, lo que rechazan tajantemente. Fue un pretexto para echarnos de nuestras tierras, asegura uno de los afectados.

Nuevo Progreso se ubica a 242 kilómetros de Villahermosa, y a sólo 100 metros de la línea divisoria entre México y Guatemala. Para arribar a esta comunidad hay que recorrer unos 35 kilómetros de camino de terracería desde la cabecera de Tenosique.

Pueblo sin paz

Somos un pueblo sin paz, porque este gobierno nos quita y niega el pan diario, violando nuestros derechos como humanos y guatemaltecos que somos, reza una manta colocada a la entrada de la aldea que empieza a curtirse por el polvo.

Es un domingo soleado. Decenas de niños juegan. Sus padres y abuelos atienden en el salón de juntas a representantes de organizaciones no gubernamentales, entre ellas el equipo de Derechos Humanos Indignación, que les trajo ayuda desde Yucatán, principalmente agua embotellada.

Marcelo Martínez Morales, vicepresidente de la comunidad, explica que en la capital guatemalteca una representación de los desplazados y una comisión interdisciplinaria, encabezada por Sergio Iván Contreras, titular de la Secretaría de Asuntos Agrarios, buscan una solución al conflicto.

Nos hemos reunido siete veces. Ya aceptamos ser reubicados en el municipio Las Flores, donde nos ofrecieron 35 caballerías (unas mil 575 hectáreas), pero ahora argumentan que el gobierno no tiene dinero para comprar la finca, dice Martínez.

Antes del desalojo vivían en la aldea Nueva Esperanza, municipio La Libertad, departamento El Petén, Guatemala, a 400 metros de la línea fronteriza.

Ahí tenían escuela y casa de salud. Sembraban maíz, frijol, chile, yuca y chigua, productos que comercializaban en Tenosique. Hoy sólo quedan restos de viviendas incineradas.

El fraile Tomás González, del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, consideró una tragedia humana lo que pasa con los desplazados.

No sabemos qué va a pasar. Algunos están pensando en pedir refugio en México ante la Comar; hay recursos jurídicos para hacerlo, pues ya pasaron 30 días desde que los desplazaron. Ellos tienen 90 días acá, subrayó.