Abogados civilistas y constitucionalistas consultados por La Jornada dijeron estar preocupados por el precedente negativo que dejó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el litigio que este diario sostuvo durante más de siete años contra la revista Letras Libres, pues con el fallo emitido los ministros dieron mayor peso legal al derecho constitucional a la libertad de expresión que al de la salvaguarda de la moral pública.

Difamar y calumniar en México se ha convertido en pan de todos los días, y ahora, con el aval de la Corte, se va a legitimar entre los medios de comunicación la ley del más fuerte. Ahora se está dando carta de impunidad al grupo empresarial que tenga más radiodifusoras, televisoras y periódicos bajo su control; se está fortaleciendo el poder del monopolio de los medios, aseguró Martín Rubio, constitucionalista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Salvador Ochoa Olvera y Christian Zinser, abogados civilistas mexicanos con gran experiencia en juicios por reparación de daño moral, refirieron que en la mayoría de casos los efectos negativos para las personas morales o físicas víctimas de difamación o calumnia son de imposible reparación.

Esta resolución pone en peligro el equilibrio que debe existir entre dos derechos constitucionales: libertad de expresión y respeto al honor, expuso Ochoa.

Ayer, por cuatro votos contra uno, la primera sala de la Corte aprobó una sentencia del ministro Arturo Zaldívar que fija nuevos parámetros en el tema poco explorado en México de los litigios entre medios de comunicación.

En entrevista radiofónica, el ministro Zaldívar aseveró que el fallo es un primer precedente que establece que los medios de comunicación, cuando están en un debate entre ellos, por su posición en la sociedad, relevante, tienen que soportar un mayor grado de crítica, como lo tenemos que soportar los servidores públicos, por ejemplo, que tenemos un régimen con la crítica de los periodistas, y tenemos que soportar con mucha más fuerza la crítica que lo que sería un ciudadano que no tiene esta responsabilidad.

Ochoa sostuvo que ningún país con régimen democrático, donde la libertad de expresión exista bajo la tutela de una Constitución, puede dar mayor peso a esa garantía sobre el respeto al honor personal y la moral pública.

Los dos son derechos constitucionales y ninguno debe estar por encima de otro, apunta, por lo que mostró su desacuerdo con la resolución.

Agregó que otro fenómeno muy repetido para difamar y calumniar es el perjuicio a la imagen de personas cuyos casos judiciales son ventilados en los medios de comunicación, sin que exista aún sentencia definitiva.

La postura de Salvador Ochoa es compartida por Christian Zinser, abogado especialista en derecho civil, quien agrega que en México cuando alguna persona es calumniada es prácticamente imposible repararle su honor.