Alrededor de 51 mil maestros de nivel básico interpusieron ayer una demanda en contra de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para impedir la puesta en marcha de la evaluación universal de docentes y directivos, por considerar que dicha herramienta contraviene su derecho a la estabilidad laboral y a la contratación colectiva.

Delegados de 31 de las 58 secciones del SNTE, provenientes de 25 entidades del país, acudieron a la sede del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde entregaron los documentos de los profesores que impugnan la evaluación.

Sergio Espinal, presidente del comité ejecutivo nacional democrático del sindicato magisterial, explicó que los docentes no permitirán que se les imponga una certificación de competencia ajena a su derecho a la capacitación.

Los profesores, subrayó, no se oponen a ser evaluados ni piden un trato de privilegio, pero advirtió que la mencionada iniciativa –parte de la Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita en mayo de 2008– en realidad pretende justificar el despido de miles de agremiados de nivel básico y la instauración de un sistema que anula el derecho a la estabilidad laboral.

La evaluación universal se aplicaría a más tardar en junio de 2012 a maestros de primaria, en el año 2013 en secundaria y para 2014 en prescolar y otras subdirecciones, por lo que a finales de enero próximo se espera que los cerca de un millón 200 mil profesores que podrían resultar afectados hayan interpuesto sus denuncias.

Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México y representante legal de los quejosos, indicó en entrevista que los criterios de la evaluación fueron impuestos de forma unilateral por la SEP, de acuerdo con lineamientos de organismos internacionales como el Banco Mundial, pero en contra de los derechos laborales básicos.

Esta prueba, calificada exclusivamente por la SEP, tiene que ver con el desempeño frente a grupo, el nivel de conocimientos y el nivel de estandarización, para una calificación total de 100 puntos, y con ella desaparece el derecho al escalafón y la permanencia en el trabajo, ya que si no aprueban serían despedidos, lo cual lleva a un adelgazamiento de la responsabilidad del Estado en la educación, alertó.