El jefe de la policía municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Julián Leyzaola Pérez, recibió una recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana (PDH) de Baja California, luego de ser acusado por cuatro personas de amenazas, lesiones y tortura en aquella entidad, durante marzo de 2010.

En respuesta, Leyzaola dijo que las acusaciones en su contra cuando encabezaba la policía de Tijuana son meramente políticas, o tienen algún fin oculto.

El encargado de entregar el oficio a Leyzaola Pérez fue el visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chi-huahua, Adolfo Castro, quien explicó que en el documento se resumen los testimonios de José Luis Hernández Gálvez, Rafael Sánchez Macedo, Víctor Eduardo Romero Enríquez y Javier Jove Rosales sobre hechos ocurridos en marzo del 2010.

Los afectados señalan que Julián Leyzaola incurrió en violación al derecho de privacidad en la modalidad de allanamiento de morada, cateos y visitas domiciliarias ilegales, entre otras acusaciones. En la recomendación se pide indemnizar económicamente a las víctimas y reparar el daño ocasionado mediante atención médica y sicológica.

El documento también solicita al órgano de control interno del ayuntamiento de Tijuana que inicie un procedimiento administrativo contra Leyzaola Pérez; el capitán primero de infantería, Gustavo Huerta Martínez, y demás servidores públicos responsables de perjudicar a los agraviados.

En tanto, las organizaciones civiles Centro Juárez de Apoyo a Migrantes, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, así como familiares de Israel Arzate Meléndez, presentaron una demanda penal en la Procuraduría General de la República contra los militares que presuntamente torturaron a Israel para que se declarara sicario y participante en la masacre ocurrida en 2010 en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez.

Por otra parte, un tribunal oral ordenó a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua reabrir investigaciones sobre las amenazas de muerte en contra de activistas del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, las cuales fueron desechadas por el Ministerio Público.