La Secretaría de Gobernación está obligada a dedicar parte de su presupuesto de 2012 para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmaron diversas organizaciones.

El dinero debe utilizarse, por ejemplo, para indemnizar a las víctimas de abusos por parte del Estado y a sus familiares, y para otorgar fondos suficientes a los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Mediante un comunicado, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, Artículo XIX y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, reconocieron que la asignación presupuestal dedicada a cumplir las resoluciones de la CIDH es una señal de congruencia.

Sin embargo, llamaron la atención sobre el alto nivel de responsabilidad que tienen las autoridades mexicanas para hacer un uso efectivo de esos recursos.

Por ello, las organizaciones firmantes advirtieron que vigilarán que el gobierno federal realice acciones claras que garanticen la efectiva protección que requieren los comunicadores y los activistas que promueven el respeto de las garantías individuales.

El Estado mexicano ha recibido en años recientes varios reveses legales de la CIDH por los casos de las mujeres asesinadas en el paraje llamado campo algodonero, en Ciudad Juárez; el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera; de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, y del desaparecido luchador social guerrerense Rosendo Radilla.