La Paz BCS, 17 de noviembre. Organizaciones ambientalistas y habitantes de la comunidad de Cabo Pulmo solicitaron a la misión internacional Unesco-Ramsar-UICN que esa reserva marina, donde se ubica el arrecife de coral más importante del Golfo de California, sea inscrita en la lista de patrimonio mundial en riesgo y en el registro Montreux bajo la Convención Ramsar como humedal en peligro.

Expusieron a la misión internacional los riesgos ambientales, económicos y sociales que tendría la construcción del proyecto turístico Cabo Cortés junto al arrecife de Cabo Pulmo, catalogado como la reserva natural más saludable del planeta, la cual es patrimonio de la humanidad y está enlistada en la Convención Ramsar como humedal de importancia internacional.

En conferencia de prensa, el representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en el noroeste del país, Agustín Bravo Gaxiola, denunció que ha habido omisiones y una aplicación inefectiva de las leyes ambientales vigentes en México. El proyecto Cabo Cortés, de la empresa española Hansa Urbana, es un fraude a la legislación y fue autorizado de forma ilegal.

Señaló que el gobierno federal otorgó una autorización de impacto ambiental (AIA) fragmentada, lo cual es ilegal, pues la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente estipula que se deben evaluar de forma integral todos los impactos que un proyecto tendrá sobre una zona.

Expuso que vulnera de manera flagrante el Plan de Desarrollo Ecológico de Los Cabos, el cual establece que todo el litoral de ese municipio es susceptible de urbanización, excepto la región de Cabo Pulmo, donde prohíbe la construcción sobre las dunas.

Cemda y Greenpeace denunciaron que en un estado con graves carencias de agua, como Baja California Sur, preocupa la cantidad de líquido que se concesionó al desarrollo turístico de Cabo Cortés, equivalente al consumo de una ciudad de 82 mil habitantes.

El proyecto señala que 65 por ciento del agua potable que requiere se surtiría por medio de la planta desalinizadora; sin embargo, la AIA no autoriza su construcción.

Agregaron que la construcción y operación de Cabo Cortés requeriría la mano de obra de 120 mil personas, considerando que cada cuarto de hotel genera cuatro empleos, por lo que habrían asentamientos irregulares que afectarían la calidad de vida de las comunidades cercanas y el arrecife.