En el Senado avanza la reforma constitucional para eliminar el fuero de todos los altos servidores públicos, incluido el presidente de la República. Los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los órganos autónomos podrán ser sujetos a proceso penal, pero será hasta que haya una sentencia condenatoria cuando el juez solicite a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad.

En la exposición de motivos se resalta que cualquier acusación penal contra altos funcionarios deberá ser formal y dar suficientes garantías de que no se trata de una maniobra política para abrir un proceso penal con fines diferentes a la búsqueda de justicia.

Durante el proceso penal contra el servidor público, éste podrá seguir desempeñando sus funciones, como ocurre con cualquier acusado en libertad bajo fianza. En eso consiste la inmunidad constitucional, se agrega.

Uno de los cambios torales es que se elimina el juicio de procedencia y la Cámara de Diputados o en caso de receso, la Comisión Permanente decidirá por mayoría absoluta, dentro de los 10 días siguientes, a la solicitud del juez, si retira la inmunidad al funcionario sentenciado por alguna causa penal.

La Cámara de Diputados podrá negarse a retirar la inmunidad, por lo que hasta que concluya el cargo del servidor público se procederá a ejecutar la sentencia.

En el caso del presidente de la República, el procedimiento es más complejo y en el mismo interviene el Congreso en conjunto. La Cámara de Diputados actuará como instructora ante el Senado y éste dispondrá de un plazo de 10 días a partir de la recepción del proyecto, para decidir por mayoría calificada, es decir, de las dos terceras partes de los presentes, el retiro de la inmunidad al Ejecutivo.

Sobre los gobernadores, diputados locales, magistrados e integrantes de los órganos superiores de dirección de organismos electorales estatales, la Cámara de Diputados resolverá quitarles la inmunidad constitucional y lo comunicará a la legislatura local.

El perredista Pablo Gómez, quien presentó una de las dos iniciativas, dictaminadas en 2007, expuso que el fuero es un sistema antiguo que ha servido lo mismo para represalias políticas –como lo fue contra López Obrador– que para mantener en la impunidad a los poderosos.

El perredista explicó que el fuero consiste en que ni el presidente de la República, los funcionarios de la administración federal, los ministros de la Corte, los legisladores e integrantes de órganos autónomos, como el Instituto Federal Electoral (IFE), pueden ser llevados a proceso penal.

Con la reforma, recalcó, si pueden ser procesados, como cualquier otro ciudadano, pero la inmunidad la pierden hasta que se demuestre su culpabilidad.

La reforma a los artículos 38, 61, 111 y 112 de la Constitución mantiene la protección a los funcionarios, ya que ordena que no podrán ser privados de la libertad en ninguna circunstancia, salvo por el retiro de la inmunidad a cargo del Congreso de la Unión.

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron ayer el dictamen en lo general. El perredista Tomás Torres, objetó algunos de los puntos, a fin de evitar, dijo, que pudiera propiciar impunidad.

Se acordó que habrá un plazo hasta hoy por la tarde, para presentar por escrito las propuestas de modificación.