El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer la constitucionalidad del decreto presidencial que adelanta el apagón analógico de 2021 al año 2015.

Con el voto decisivo del ministro presidente, Juan N. Silva Meza, se juntaron los cuatro votos necesarios para que el decreto no fuera declarado inconstitucional; esto es, porque de acuerdo con la ley se necesitan ocho votos para anular una norma general.

A pesar de tener mayoría de siete votos, no prosperó el proyecto elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, el cual sostenía que el presidente Felipe Calderón, con su decreto, había invadido la esfera de competencias del Congreso y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

El ministro presidente, Silva Meza, quien fue el último en hablar, argumentó que el Ejecutivo federal puede estructurar por medio de normas generales las medidas que considere necesarias para que la administración pública se prepare para la transición de la televisión analógica a la digital, lo que no afecta la autonomía de la Cofetel.

Añadió que la ausencia de este cambio implica postergar los beneficios de la digitalización en aras del interés público.

La ministra instructora, Olga Sánchez Cordero, le respondió que ninguno de los ministros cuestionaba la importancia de la transición analógica a la digital; pero que el problema de fondo era que el Presidente de la República no tiene atribuciones en la materia, sino la Cofetel.

Con esa decisión, el Ejecutivo federal está en condiciones de implementar de inmediato su iniciativa, la cual estuvo suspendida más de un año, que fue el tiempo que tardó la Corte en resolver el caso.

Luis María Aguilar sintetizó el discurso de la frustrada mayoría al señalar que la Ley de Radio y Televisión le otorgó a la Cofetel ciertas facultades que son muy diferentes de los órganos desconcentrados en lo general, y que dentro de éstas señaló con toda claridad que iba a tener facultades que ejercería de manera exclusiva, y las cuales sólo podían modificarse mediante reformas legales. Es decir, no como lo hizo el presidente Calderón, mediante un decreto.

Recordó que de acuerdo con compromisos internacionales firmados por México, era importante que existiera un órgano regulador que determinara todas las políticas en el país en relación con las telecomunicaciones, y con reglas definidas desde el punto de vista técnico se alejaran de las decisiones políticas, en el sentido partidista, en el sentido de intereses distintos a los técnicos para que pudiera haber un órgano con autonomía y total independencia.

Pardo Rebolledo recordó que la Ley de Radio y Televisión facultó al Ejecutivo a que creara la Cofetel, y en uso de esa facultad emitió el decreto en 2004 que establecía el apagón analógico para el año 2021. Después, por los compromisos internacionales, se trató de diseñar un sistema que garantizara la autonomía e independencia de comisiones como la Cofetel, en aras de alejarla de los vaivenes de la discusión política.

Zaldívar añadió que el tema iba más allá del apagón analógico. Se está poniendo en juego la autonomía de los órganos reguladores del Estado mexicano, y al validar el decreto, “desaparece de facto” la autonomía no sólo de la Cofetel, sino de los otros órganos reguladores, lo que me parece extraordinariamente grave.