De manera excepcional, la juez encargada del caso de los más de 30 niños que fueron objeto de abuso sexual en un kínder de la delegación Iztapalapa otorgó medidas especiales para garantizar a los menores una participación adecuada en el proceso penal, celebraron organizaciones de defensa de los menores.

Anunciaron que presentarán una iniciativa ante el Congreso de la Unión para que dichos procedimientos sean incorporados formalmente en la ley, ya que en la actualidad dependen de la buena voluntad de los juzgadores.

En conferencia de prensa, el coordinador jurídico de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), Alejandro Rojas, encomió la actuación de Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del juzgado 17 de distrito en procesos penales, quien permitió que los niños involucrados brinden su declaración en un espacio privado, sin carearse con su supuesto agresor.

Además, permitió que una sicóloga especializada efectúe las preguntas a los niños, en vez de un abogado, y que les explique en términos comprensibles de qué se trataba el proceso, decisión sin precedentes que cumple con las obligaciones del Estado mexicano plasmadas en la Convención de los Derechos del Niño.

No obstante, Rojas subrayó que esto fue posible únicamente gracias a la particular sensibilidad de la juez encargada del asunto, y no porque sea una práctica establecida oficialmente en las leyes procesales, por lo que anunció que la semana entrante la ODI y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) presentarán ante el Congreso una iniciativa que corrija dicha carencia.

Al mismo tiempo, exigirán que el Estado asuma su responsabilidad en lo ocurrido, puesto que se trataba de una escuela pública, y se garantice una adecuada reparación del daño y no repetición de los hechos mediante la elaboración de tres peritajes independientes.

Margarita Griesbach, directora de la ODI, señaló que la compensación por el ataque sexual contra los menores –supuestamente cometido por Saúl Blancas Tamayo, conserje del kínder Andrés Oscoy– no puede quedarse en un nivel superficial, y lamentó que no haya un registro confiable de este tipo de casos, ya que ni los niños ni sus padres los denuncian por desconfianza en las autoridades.

Los derechos de la infancia, dijo, sólo son mencionados en las leyes mexicanas de manera muy ambigua, por lo que el objetivo de las organizaciones especializadas es aterrizar dicha legislación en obligaciones concretas para el Estado.