ras la dimisión de Silvio Berlusconi como jefe del gobierno de Italia, la mayoría de las fuerzas palamentarias de ese país dieron visto bueno a la propuesta del presidente Giorgio Napolitano de colocar en el cargo a Mario Monti, economista, académico y tecnócrata de larga carrera en las instituciones de la Europa comunitaria y asesor de Goldman Sachs, así como de Coca-Cola. Si todo ocurre conforme a lo previsto, Monti empezará a despachar, mañana o el miércoles próximo en el palacio Chigi.
La misión de Monti es clara e inequívoca: garantizar el cumplimiento del paquete de medidas de austeridad impuestas por la Unión Europea a Berlusconi pocos días antes de que éste se viera forzado a renunciar. Será, en suma, un ejecutor de la política neoliberal en esa nación mediterránea.
Para la mayor parte de la sociedad italiana, exultante por el fin de un gobierno caracterizado por sus ramificaciones delictivas y por la falta de escrúpulos y de maneras del propio Berlusconi, el perfil de Monti posiblemente sea visto con alivio. Acaso pocos reparen en que el próximo jefe de gobierno forma parte del grupo de funcionarios y financistas bajo cuyas narices se gestó la crisis económica que sacude a Italia; que ese mismo grupo toleró sin aspavientos la impunidad y los excesos de Berlusconi en tanto éste resultó de utilidad para los grandes capitales europeos, y que éstos no consideraron indeseable al político milanés hasta que su administración rebasó todo límite imaginable en el desaseo de las cuentas públicas.
Monti se trasladará ahora de Bruselas a Roma con el designo de sanear las finanzas del gobierno y aplicar medidas draconianas a la población. Su prioridad no consistirá en procurar justicia ni en investigar el turbio acceso de Berlusconi al poder con base en su fortuna personal, ni el ensanchamiento de ésta como resultado del ejercicio gubernamental. Un dato esclarecedor sobre lo que pueden esperar los italianos de su próximo primer ministro es que éste nunca se pronunció, en su calidad de comisario europeo de Competencia, ante el desmesurado crecimiento del consorcio Mediaset, propiedad de Berlusconi, y su conversión en un cuasimonopolio radial, televisivo y editorial.
En tal circunstancia, da la impresión de que, bajo el alivio causado por la salida del magnate milanés, puede estarse preparando una fórmula gobernante no menos nefasta para el grueso de los italianos, quienes están en riesgo de transitar de un saqueo de los recursos públicos para enriquecer a una mafia gobernante local, a una depredación de dineros públicos para calmar la voracidad de los grandes bancos y de los organismos financieros internacionales.
Es improbable, por último, que la próxima administración italiana acepte afectar la perpetua impunidad para Berlusconi, sobre quien pesan varias acusaciones penales. Lo más seguro es que Il Cavaliere siga evitando poner un pie en los tribunales, en los cuales enfrenta acusaciones por diversos delitos.
Si esa impunidad persiste, después de un nuevo ciclo de postración económica, Italia estará en permanente riesgo de que alguien más aparezca en el escenario y emprenda un nuevo ciclo de acanallamiento del país.
