El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Guillermo I. Ortiz Mayagoitia tiene en sus manos definir si el decreto presidencial que adelanta el apagón analógico de 2021 a 2015 constituye una norma general o un acto administrativo; la diferencia radica en que para invalidar una norma se requiere el voto de cuando menos ocho integrantes del pleno; en cambio, se necesita una mayoría simple de seis votos para anular un acto administrativo.

El pasado jueves hubo un empate a cinco votos sobre el carácter del citado decreto. Ortiz Mayagoitia no asistió a la sesión y se espera que este lunes se defina, en que inclinará seguramente la balanza sobre si es constitucional o no el decreto referente a la transición a la televisión digital.

Fuentes judiciales comentaron que, de acuerdo con la forma como ha votado en asuntos similares, Ortiz Mayagoitia se inclinaría por votar en el sentido de que se trata de una norma general (es decir una ley), lo que complicaría la aprobación del proyecto de dictamen elaborado por Olga Sánchez Cordero, que propone invalidar el acto administrativo promulgado por Felipe Calderón en octubre del año pasado.

Funcionarios consultados señalaron que de por sí es muy complicado que se sumen seis votos en el sentido de invalidar el decreto presidencial, que preveía también la instalación de una comisión intersecretarial presidida por la Secretaría de Gobernación, encargada de llevar a buen término la transición a la televisión digital en 2015, en lugar de 2021, como había establecido en un decreto el entonces presidente Vicente Fox.

El documento sostiene que el Ejecutivo federal invadió la esfera de competencia del Congreso y advierte que de no invalidarse, se correría el riesgo de permitir que un poder del Estado se sobreponga a otro. Si Ortiz vota en el sentido de que se trata de una norma, es sumamente difícil que se sumen los ocho votos necesarios para anular dicha disposición del Ejecutivo federal.

Debemos reconocer que la estrategia legal del Ejecutivo federal, añadieron, está centrada en que el pleno resuelva que se trata de una norma general, porque la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República sabe que una votación de este tipo incrementa las posibilidades de que el citado decreto sea declarado constitucional, y con ello se levante la suspensión en su aplicación que data de hace un año.