Tan pronto la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República tuvo conocimiento de que el proyecto de dictamen sobre el llamado apagón analógico –elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero– proponía la invalidez del decreto presidencial que acelera la transición a la televisión digital, solicitó audiencias con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para convencerlos de votar en contra del documento.

Fuentes judiciales comentaron que tras conocer que desde la semana pasada, cuando trascendió el sentido de la Corte, y con más fuerza desde el jueves, cuando el proyecto de dictamen fue subido a la página de Internet de la SCJN, las presiones sobre los ministros se intensificaron en víspera de que el pleno resuelva el próximo jueves 10 de noviembre la contradicción que presentó el Congreso en contra del Ejecutivo federal ante su intención de adelantar el apagón analógico del año 2021 –como prevé un acuerdo presidencial de 2004– a 2014.

De acuerdo con los informantes, el que la ministra Sánchez Cordero proponga la invalidez del decreto emitido por Felipe Calderón en septiembre del año pasado, que prevé la creación de una comisión intersecretarial que coordine a las secretarías de Gobernación, Hacienda, Economía, Comunicaciones y Transportes, Educación, así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, no significa que el documento cuente con el respaldo de la mayoría de los integrantes del pleno.

Es más, indicaron, se espera que los ministros se enfrasquen en una intensa discusión sobre la procedencia misma de las controversias que presentaron las cámaras de Diputados y de Senadores en contra del citado decreto y respecto del fondo mismo del problema.

Incluso, se espera que haya ministros que apoyen la postura del Ejecutivo de que los legisladores no están legitimados para alegar que el presidente Calderón invadió su esfera de competencia, como también que por ser un órgano desconcentrado, el Ejecutivo es su superior jerárquico y, por tanto, el decreto es constitucional y, con ello, que la Cofetel no tiene facultades exclusivas en materia de radio y televisión, como lo plantea el proyecto de dictamen.

Y es que, en sus alegatos, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República sostuvo que el decreto únicamente marca lineamientos a diversas entidades para que, en el ámbito de sus atribuciones y de forma coordinada entre quienes forman parte del Ejecutivo federal, se realicen las acciones para concretar la transición a la televisión digital terrestre y obtener los beneficios que otorga esa tecnología.

Máxime que, señala, por lo que se refiere a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el Ejecutivo federal la instruye realizar los actos necesarios que le corresponden como ente regulador y técnico del sector, para implantar y operar el decreto impugnado.