Los partidos políticos que pretendan contender en coalición para las próximas elecciones federales –sea en forma parcial o total– deberán entregar su solicitud de registro el próximo 18 de noviembre. Será la primera vez que la nueva regulación, aprobada en la reforma electoral de 2008 sobre las alianzas partidistas, se aplique en comicios presidenciales, con lo que los institutos políticos pequeños deberán poner a prueba su real fuerza electoral.

Conforme al calendario aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) para fase previa a las campañas, los partidos deberán entregar la solicitud, con el aval de sus directivas, a efecto de que la autoridad valide si la conformación de las coaliciones se efectuó conforme a los estatutos de cada uno de los coligados.

Las nuevas reglas que entraron en vigor en las elecciones de 2009, virtualmente convirtieron a las coaliciones en la postulación de candidaturas comunes, lo que se acentúa en el caso de la elección presidencial, toda vez que en las boletas aparecerán los logotipos de todos los partidos y el ciudadano elegirá por cuál votar o incluso tachar todos los que participen en una coalición, en cuyo caso el voto cuenta para la alianza, pero no a cada partido, en primera instancia.

El tema fue cuestionado por partidos pequeños que han apostado en todos los comicios federales a las alianzas como esquema de sobrevivencia. Hasta antes de 2008, los institutos coligados signaban en un convenio cómo se distribuiría, en puntos porcentuales, la asignación de votos, y en función de ello las prerrogativas que obtendría cada uno.

Este esquema favoreció importantes negociaciones de partidos chicos para obtener garantías de presencia desde antes de los comicios. Quizá uno de los casos más emblemáticos de la rentabilidad de las coaliciones ha sido el del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que alcanzó la Presidencia de la República con Vicente Fox Quesada, en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN), y posteriormente se ha coligado con el Revolucionario Institucional.

Las elecciones de 2006 fueron un caso extremo del sentido de la coalición. Mientras el PRI reducía su porcentaje de votación –cuya distribución con el Verde se establecía de forma previa en el convenio alcanzado–, el número de diputados y las prerrogativas económicas se incrementaban para el PVEM, aun en la caída electoral de la alianza.

Derivado del convenio alcanzado y ante el desplome electoral que registró la alianza, el tricolor pasó de tener 224 diputados –electos en 2003– a 104 en 2006, y sus prerrogativas pasaron de 602 millones de pesos a 518 millones. En contraste, el Partido Verde pasó de 17 a 19 diputados y sus prerrogativas pasaron de 187 millones de pesos a 223 millones; es decir, quien cargó con la derrota fue el Revolucionario Institucional, y el PVEM aseguró su rentabilidad desde mucho antes de las elecciones.

Otra coalición que dejó huella en el sistema electoral y que incluso motivó una primera reforma en la regulación de las alianzas fue la Alianza por México, que incluía a PRD, PT, Convergencia, el Partido Alianza Social y el de la Sociedad Nacionalista.

Estos dos últimos perderían el registro en la siguiente elección, pero la Sociedad Nacionalista fue un caso extremo de los partidos como negocio, entonces realizado por la familia Riojas. Su presidente, Gustavo Riojas, conformó empresas particulares que sólo trataban con el PSN, obteniendo ganancias millonarias y por los que el IFE debió multarlos hasta con 200 millones de pesos, que nunca se pagaron por la pérdida del registro.

Desde entonces se obligó a los partidos de reciente creación a contender, al menos en su primera experiencia electoral, sin coligarse, para evitar conceder representación a organizaciones políticas sin presencia real.

En la primera aplicación de esta reforma, en 2009, Convergencia y el Partido del Trabajo (PT), por un lado, y el PRI con el PVEM, por otro, fueron las dos únicas coaliciones. Convergencia fue el que más resintió este nuevo escenario pues, resultado de la alta votación que recibió en 2006 la Coalición Primero los Pobres –aún bajo la antigua regulación–, ese partido obtuvo 16 diputados y sus prerrogativas fueron de 207 millones de pesos.

De la gloria al purgatorio

Para 2009, sin embargo, con las nuevas reglas, su votación apenas superó 2 por ciento, sus diputados electos fueron seis y sus prerrogativas, por consiguiente, se redujeron a 178 millones de pesos. El PT, en cambio, postulando a ex militantes del PRD y con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, tuvo una incursión exitosa que le permitió no tener una caída similar a la de su aliado Convergencia, pues de 16 pasó a 13 diputados y sus prerrogativas se vieron reducidas mínimamente de 216 a 210 millones de pesos.

En esta ocasión, aunque la asignación de prerrogativas se da con base en la elección de diputados, la atracción de las elecciones presidenciales podría polarizar el voto entre las propias coaliciones y mostrar la real presencia de cada partido político en el espectro nacional.