La Paz, 6 de noviembre. El presidente boliviano, Evo Morales, será investigado por la fiscalía de su país debido a la represión que sufrieron los indígenas que rechazaban la construcción de una carretera por la reserva ecológica del erritorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), informó hoy el diario El Deber.

El fiscal general del Estado boliviano, Mario Uribe, explicó al rotativo que por este caso también existe una denuncia contra el vicepresidente Álvaro García Linera, algunos jefes de la policía y varios ministros del Estado.

Las proposiciones acusatorias contra los dos primeros mandatarios se tienen que procesar en la ciudad de Sucre (centro), sede del Poder Judicial de Bolivia, informó Uribe, tras precisar que el resto de las investigación se realizará ante la autoridad judicial del distrito de La Paz, donde radican el Legislativo y el gobierno.

El 25 de septiembre, un contingente de la policía intervino en la marcha de los 2 mil indígenas que habían propuesto manifestarse rumbo a La Paz para rechazar la carretera a través del Tipnis, una obra de 306 kilómetros encargada a la empresa brasileña OAS.

Según testimonios e imágenes divulgadas por los medios locales, los policías maniataron y amordazaron a los dirigentes indígenas, incluidas mujeres, para disolver la protesta. La marcha llegó a La Paz la tercera semana de octubre tras 65 días de caminata.

El presidente Morales aseguró entonces que no ordenó la represión y ofreció disculpas a los indígenas al pedir una investigación, cuyos avances aún no han sido divulgados.

La represión provocó un remezón en el corazón del gobierno, debido a la renuncia de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, y posteriormente de su colega de Gobierno, Sacha Llorenti.

El diputado indígena Pedro Nuni, uno de los dirigentes que sufrieron las consecuencias de la acción policial, dijo que tomó nota de las declaraciones del fiscal y anunció vigilancia al proceso para que no se trate de proteger a los responsables de la represión.

Algunas organizaciones indígenas del país también analizaron denunciar al gobierno de Morales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos.