Santa Cruz del Rincón, Malinaltepec, Gro., 5 de noviembre. La asamblea de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-Policía Comunitaria) acordó reducar mediante usos y costumbres a los cuatro indígenas y un mestizo detenidos con 600 kilogramos de mariguana –el pasado 13 de octubre– en el crucero de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte.

La asamblea acordó también incinerar los 33 paquetes de la droga, decisión que se ejecutó allí mismo, en presencia de Ramón Almonte Borja, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, quien solicitó –sin éxito– la entrega de los cuatro mixtecos y un ciudadano del estado de México.

La quema se efectuó a unos 50 metros del recinto donde los más de 50 comisarios municipales, 49 consejeros, 22 comisarios de bienes comunales, 56 comandantes y cerca de 200 policías comunitarios convinieron no entregar a los reos al gobierno estatal ni a la Procuraduría General de la República.

Respetamos su decisión, pero insisto en que lo más correcto es entregar a los detenidos y la droga a las autoridades federales, porque ustedes no tienen capacidad de respuesta, les dijo Almonte Borja.

Pablo Guzmán Hernández, uno de los coordinadores de la CRAC, informó que los llevarán a realizar trabajo comunitario a las poblaciones y durante 15 días les darán pláticas los principales de los pueblos bajo influencia de la policía comunitaria.

Los detenidos son Pedro Ponce Rodríguez, su hijo Feliciano Ponce Chávez, así como Javier y Marcos Ventura Morales, de 41, 17, 21 y 19 años, respectivamente; los dos primeros son originarios de Río Encajonado, municipio de Cochoapa el Grande, y los otros dos de Cahuañaña, municipio de Metlatónoc.

El quinto acusado es Gabriel Orozco Nieto, quien fue capturado cuando viajaba en una camioneta con placas del estado de México para hacer el cambio de la droga de un vehículo a otro.

Susana Morales Hernández, madre de Marcos y Javier, quien interpuso el amparo 1224/2011 en Acapulco para salvar a sus hijos de la prisión, señaló en la asamblea: Estoy reconociendo el error que hicieron ellos, pero quiero que me ayuden, que mis hijos los suelten.

En mixteco, la esposa de Pedro Ponce y madre de Feliciano solicitó a la asamblea que los liberaran: Estaban buscando leña en el camino y les pidieron que les ayudaran a descargar una camioneta; por su inocencia aceptaron hacerlo.

En tanto, el sacerdote diocesano Mario Campos Hernández dijo al Ramón Almonte: este momento es histórico, porque va a dejar precedente para el futuro; esta forma de hacer justicia es una justicia pública.

“A los detenidos les digo que me da dolor escuchar a su esposa, a su mamá, porque los quieren mucho. Yo quisiera que sepan que los queremos, los vemos como personas, y sobre todo que quede patente ante los medios que la justicia comunitaria va más allá del derecho positivo y las normas jurídicas establecidas por el Estado.

Esta es una justicia que es humana; quiero pedir a la asamblea que tomemos en cuenta la petición de la esposa y la mamá; aquí los vemos como personas, no como delincuentes, precisó.

El coordinador Guzmán Hernández dijo que antes y después de la aprehensión han recibido amenazas. “Estuvieron llamando a los comandante regionales en Citlaltepec, municipio de Metlatónoc, para que dejaran pasar la droga, si no habría levantones, y que entregarían diversas cantidades de dinero”.

Luego tomó protesta a siete nuevos grupos, cada uno de 10 policías comunitarios de los municipios de Tlapa, Malinaltepec y Acatepec. Ahora son 77 comunidades de 13 municipios; hasta hace 20 días eran 700 policías, pero hoy el número aumentó a mil elementos.

Demandó que la Secretaría de la Defensa Nacional autorice la portación y uso de las armas apropiadas para la defensa de las comunidades, pues anualmente la CRAC atiende 300 casos en sus tres casas de justicia.