Los hematomas, los ojos hinchados y las costillas adoloridas de los 29 detenidos en Ciudad Juárez el 1º de noviembre –consecuencia de las golpizas propinadas en el momento del arresto y dentro de la comisaría de la policía municipal–, tardan menos de 15 días en sanar, como consta en los informes médicos que emitió la Cruz Roja después de revisar el estado de salud de cada uno.

Lo que perdura y preocupa son las posibles consecuencias de las amenazas que recibieron por parte de las autoridades, en la comisaría Aldama y en la fiscalía del estado. No es la primera vez que recibo amenazas, dice en entrevista Gero Fong, activista del Frente Plural Ciudadano y promotor del colectivo Indignados. Pero sí la primera vez que los agentes me dicen a la cara: te vamos a fregar.

Arturo Vázquez, médico anestesista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su hijo Arturo Vázquez Flores, estudiante de música de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, coinciden en que más que las golpizas que sufrieron el pasado martes, lo que les pesa es haber sido amenazados por los agentes del jefe de seguridad pública municipal, teniente coronel Julián Leyzaola. Aquí pueden desaparecer a cualquiera. Antecedentes sobran.

Con el apoyo de varias organizaciones pastorales y de derechos humanos, los arrestados preparan una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El martes culminaba una movilización de cuatro días para honrar la memoria de los nueve mil muertos por la violencia en esa ciudad en los cuatro años recientes. Pretendían pegar nueve mil cruces de cartulina en espacios públicos. Sin que mediara diálogo, unos cien policías, apoyados por 25 patrullas, nos rodearon y violentamente intentaron llevarse a algunos, explica el estudiante de música. Yo traté de impedir que una muchacha fuera arrastrada del cuello por dos agentes, el doble de grandes que ella. Entonces me golpearon y me arrastraron a mi también.

A su padre lo detuvieron horas más tarde. Cuando supe que habían detenido a los jóvenes fui a la comisaría buscando a mi hijo. Vi que un policía golpeaba a una muchacha como de 14 años. Intenté intervenir. El agente me golpeó con su rifle en el abdomen, en la cabeza, me estampó contra las rejas y me aplicó un golpe que me hace pensar en cómo está entrenada esta gente en técnicas de tortura: en lugar de apretarme la laringe la jaló hacia afuera. Esto provoca mucho dolor. Después me arrastraron hacia el interior de la comisaría y quedé detenido.

A los hombres los llevaron al taller de patrullas de la comisaría: Nos rodearon unos 20 policías, los mismos que nos detuvieron. Y, así, esposados como estábamos, nos golpearon y patearon. Fueron 15, 20 minutos constantes.

Después, los 29 detenidos fueron remitidos a la fiscalía estatal. No nos quitaron las esposas. Nos obligaron a arrodillarnos con las piernas cruzadas, en una postura dolorosa. Nos prohibieron acomodarnos o intentar voltear y hablar entre nosotros. Esto duró como una hora. Leyzaola en persona se presentó para supervisar el castigo.

Al doctor Vázquez, como a varios otros, lo acusaban de haber agredido a la policía. Tengo 52 años e insuficiencia renal. Ni loco se me ocurriría meterme con un policía que además lleva arma larga. El médico opina: Con los datos a la vista, esta fue una agresión planeada contra un colectivo social para dar un mensaje: aquí nadie protesta.

Fong comenta que la policía comete todo tipo de excesos, no sólo contra el movimiento popular sino contra la población, porque el contexto de la ciudad, con su cuota de asesinatos y descuartizados diarios, en total impunidad, lo permite. Ya nada escandaliza: ni el que la policía municipal detuviera a un abogado, David Concha, cuyo cuerpo fue descuartizado y regado en 14 sitios distintos hace dos semanas; ni la pareja calcinada en la vía pública un día después de la dispersión de nuestra manifestación; o los seis muertos que apenas encontraron ayer, o el hombre acribillado frente a un jardín de niños hoy por la mañana.

El jefe de Seguridad Pública municipal, Julián Leyzaola, a su vez, explicó que la policía bajo su cargo intervino porque hacer pintas en lugares privados no es correcto, ya que a mi el presidente Calderón me puso en mi puesto para proteger los bienes de las personas. Para pegar cruces de cartón legalmente en las calles donde la masacre de adolescentes de Salvárcar sigue impune, los manifestantes debían haber conseguido nueve mil autorizaciones, dijo el jefe policiaco en entrevista con El Diario de Juárez.