El derecho al olvido –o la posibilidad de que el ciudadano tenga fácil acceso a su información en poder de otros– debe estar garantizado en el mundo digital, para preservar la libertad de expresión, la historia y los datos personales.

Como ecos de la 33 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, organizada por el Ifai, quedó la necesidad de hacer más conscientes y responsables a los usuarios sobre la información enviada a la web.

En las discusiones donde estuvieron involucradas autoridades y empresarios, José Luis Rodríguez Álvarez, director de la Agencia Española de Protección de Datos, expuso la dificultad que han enfrentado con Google para que ésta cumpla resoluciones sobre privacidad, respecto al uso de los protocolos de exclusión de datos, supresión de enlaces o cancelación de registros en sus índices.

Peter Fleisher, consejero de Privacidad de Google, resaltó que la existencia de derechos como la libertad de expresión deben valorarse con el derecho al olvido.

Todos estamos de acuerdo en el derecho a ser olvidados. Donde realmente entra la valoración de derechos es cuando se le pide a alguien borrar el contenido de alguna persona; entonces, hay un conflicto entre los derechos de expresión y el de la privacidad. Ambos, insistió, deben estar equilibrados.

En abono a la polémica, Mag Ambrose, académica de la Universidad de Colorado, apuntó que las leyes de privacidad ya no son útiles en la era de la información, pero si en una ley aparece alguna frase que se especifique derecho al olvido, podrían generarse una enorme cantidad de solicitudes respecto a un derecho que no se podrá cumplir.

Para Marie Hélène Boulanger, de la Comisión Europea, retener la información es un tema controversial porque no se sabe cuál será el periodo de retención exacto y pidió que se analice el tema para, en definitiva, fijar el periodo durante el cual deberá conservarse la información de las personas.