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Si se mantiene el ritmo de expulsiones la cifra llegará a 15 mil en 5 años: grupo humanitario

Más de 5 mil niños hijos de inmigrantes deportados de EU viven en albergues

El Departamento de Justicia advierte a Alabama que no puede negar la educación pública a menores

 
Periódico La Jornada
Jueves 3 de noviembre de 2011, p. 31

Washington, 2 de noviembre. Más de 5 mil niños en Estados Unidos están separados de sus padres indocumentados y viven en albergues de cuidado temporal, y la cifra podría llegar a 15 mil en los próximos cinco años si se mantiene el ritmo actual de deportaciones, denunció hoy el Centro de Investigaciones Aplicadas (ARC, por sus siglas en inglés).

La organización humanitaria indicó en su informe Familias Destrozadas, que actualmente 1.25 por ciento de los niños en hogares de acogida estadunidenses son hijos de indocumentados que fueron detenidos o expulsados, y señaló que a partir de estadísticas oficiales se constata que la tendencia a separar familias va en aumento y con ello los dramas familiares.

Para el año fiscal 2011, que termina a finales de septiembre, una cifra récord de 397 mil personas fueron expulsadas de Estados Unidos, y ARC estima que un número creciente de deportados tienen hijos. Sin embargo, según los reportes, la mitad de esas personas deportadas tenía antecedentes judiciales de algún tipo.

El gobierno argumenta que ha modificado las reglas de comportamiento de las agencias involucradas en las deportaciones, al dar prioridad a los indocumentados que representan una amenaza criminal.

En contraste, la mayoría republicana de un subcomité de la Cámara de Representantes acordó citar al gobierno de Barack Obama para que le informe sobre una lista de unos 300 mil casos pendientes de deportación. Los principales candidatos a la nominación presidencial del Partido Republicano apoyan las leyes migratorias como la de Carolina del Sur, que criminalizan y persiguen a los inmigrantes.

En tanto, el Departamento de Justicia advirtió al estado de Alabama que sus distritos escolares están obligados a cumplir con la ley federal, por lo que no pueden negar a los niños el acceso a la educación pública con base en su estatuto migratorio.