Jalapa, Ver., 31 de octubre. Uno de los obstáculos para reducir la ola de violencia en el país, que desde hace más de cinco años vive un contexto de guerra no reconocido como tal, son, paradójicamente, los grupos de víctimas encumbradas que tienen derecho de picaporte en Los Pinos y reclaman una respuesta punitiva en el combate a la criminalidad, sin entender que eso implicará más violencia a corto, mediano y largo plazos, consideró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.

En los hechos, ese grupo de encumbrados se ha opuesto sistemáticamente al proceso de pacificación del país, y hay una especie de ceguera, pues claman por una respuesta estrictamente punitiva que implica más Ejercito, penas más duras, código procesal penal muy rígido, sin darse cuenta de que la violencia institucional genera más violencia en la sociedad, aseveró durante una mesa redonda sobre la Ley de Seguridad Nacional y la Reforma Constitucional en Derechos Humanos, organizada por el Colectivo por la paz de Jalapa.

En su ponencia, el ombudsman capitalino denunció que entre un sector de las víctimas de la violencia y el delito, de alta capacidad económica –entre los que mencionó a Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí–, y el gobierno de Felipe Calderón se creó una relación perversa, ya que ante la falta de respuesta del Estado, incapaz de responder eficientemente en situaciones de daños humanos por el contexto de inseguridad pública, se les dio un lugar muy particular y adquirieron derecho de picaporte.

Lo anterior, abundó, también ha conducido a una ceguera que clama por la violencia institucional como solución para el país, sin mirar que la violencia ejercida por el Estado no soluciona nada y en cambio genera más violencia.

Aunque es válido el dolor de estas víctimas, González Placencia ponderó que influyen ante el gobierno federal más con sentimiento de venganza que de justicia y se oponen a toda defensa de los derechos humanos de procesados, pues lo asumen como protección al crimen y lo toman como afrentas personales.

Dijo también que, en contraparte, el movimiento encabezado por el escritor Javier Sicilia tuvo el acierto de haber iluminado a víctimas olvidadas para el sistema, ampliando el espectro hacia un sector que había quedado invisible frente a víctimas encumbradas con derecho de picaporte.

La pacificación del país, insistió el presidente de la CDHDF, forzosamente pasa por la reconciliación, por la recuperación del Estado para que vele por la sociedad en general, no sólo a determinados sectores, y también por la revisión de la estrategia de combate al crimen organizado. Ello implica proyección a largo plazo, pero con resultados a corto y mediano periodos.

“A corto plazo, necesitamos evitar más muertes; a mediano, generar instituciones más sólidas, más transparentes, que no generen impunidad y, a largo plazo, proponernos como sociedad ser una sociedad mucho menos corrupta, pues desde el último siglo se generó un triángulo perverso que hoy campea en el sistema gubernamental: corrupción, opacidad e impunidad, mencionó.

La revisión de la estrategia del gobierno federal conducirá invariablemente a deducir que lo que en un principio se plantea como éxito se convierte en evidente fracaso, sostuvo Luis González Placencia.

Si lo medimos en muertos o encarcelados los resultados serían positivos, pero eso hay que ponerlo entre comillas, pues si lo que pensamos es reducir el tráfico de drogas, no se ha reducido en absoluto. No conozco a ningún narcodependiente que se haya quedado sin droga porque encarcelaron a un capo, mientras el costo que ha tenido sostener esta estrategia es más de 50 mil personas que han perdido la vida, gran cantidad de desplazados y miles de encarcelados, sin contar las llamadas víctimas colaterales, expuso.

El presidente de la CDHDF agregó que la utilización del Ejército y la Armada en estos años recientes ha traído efectos colaterales muy severos, como la pérdida de vidas inocentes en un contexto de guerra no reconocido como tal, pero que en los hechos va adelante y es como si se tratara de un conflicto armado en todo el territorio nacional.

Señaló que la respuesta de la Presidencia de la República no es proteger a la ciudadanía, sino a los militares; de ahí que el objetivo real de la Ley de Seguridad Nacional sea crear un espacio de protección para los integrantes del Ejército y la Armada, que les asegure no ser llevados a tribunales civiles cuando cometan un crimen contra la sociedad.