En los 10 meses anteriores, jueces federales han ordenado aprehender a 102 funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) acusados de actos de corrupción, y sujetaron a proceso penal a 62 servidores públicos, según consta en datos estadísticos elaborados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y por la visitaduría general de la PGR a los que tuvo acceso La Jornada.

Respecto a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, los datos judiciales refieren que entre enero y octubre de este año se ordenó la captura de 235 empleados y agentes de la Policía Federal (PF) por algún delito contra la administración de la justicia. De ellos, poco más de la mitad (153) quedaron sujetos a juicio.

Ninguno de esos procesos iniciados en el transcurso de este año ha recibido sentencia de primera instancia.

La mayoría de ilícitos por los que han sido procesados los funcionarios de la PGR y de la SSP federal son cohecho, extorsión, contra la administración de justicia, ejercicio indebido, falsedad en declaraciones rendidas ante una autoridad, fraude, falsificación de documentos y uso de documento apócrifo.

Durante 2010, la PGR obtuvo órdenes de aprehensión contra 64 servidores públicos de la propia procuraduría y 54 de la SSP federal, por lo que los indicadores de los procesos de los últimos 10 meses representan casi el doble en relación con el año anterior.

La visitaduría general es el área de la PGR encargada de realizar pesquisas contra funcionarios de la dependencia y de otras áreas de inteligencia relacionadas con seguridad pública.

Hasta el momento falta cumplimentar 40 órdenes de aprehensión de las 102 libradas contra servidores públicos de la PGR, y 63 de las que se emitieron contra funcionarios de la SSP federal.

Se ha ordenado además la captura de 12 agentes del Ministerio Público Federal, 49 efectivos de la Policía Federal Ministerial, cinco mandos medios y superiores, 26 administrativos y dos particulares. También existen órdenes de aprehensión contra inspectores y subinspectores de la PF.

Las demandas de captura se emitieron por fraude, contra la administración de justicia, uso de documento falso, cohecho, extorsión, ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad y hostigamiento sexual.

Otras, por falsedad en declaraciones judiciales en informes dados a una autoridad, falsificación de documentos y desaparición forzada de personas. Este último, en el Distrito Federal.