Jueces y abogados especialistas en derecho laboral consultados por La Jornada señalaron que los maestros que iniciarán litigios colectivos en tribunales administrativos contra la aplicación de evaluación universal, prevista por la denominada Alianza por la Calidad de Educación (ACE), tienen altas probabilidades de obtener la protección de la justicia, debido a que los exámenes derivan de un acuerdo que violentó el artículo 123 de la Constitución, además de tratados internacionales y la Ley Federal del Trabajo.

Impartidores de justicia del Poder Judicial y los abogados Rogelio de la Garza, profesor en el Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés, y Eduardo Miranda Esquivel, especialista en procesal laboral, indicaron que es muy probable que prosperen esas demandas.

De la Garza y Miranda Esquivel indicaron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sentado diversos criterios avalados por el derecho internacional, en el sentido de que suprimir derechos laborales adquiridos en el tiempo es violatorio de varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.