El Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del sindicato magisterial presentará una denuncia contra el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, y la lideresa del gremio, Elba Esther Gordillo, por imponer la evaluación universal a los docentes que no está prevista en la ley y que se traduce en acciones de terrorismo laboral por la pérdida de derechos y la amenaza latente de despidos.

La acción será interpuesta por unos 50 mil querellantes de 20 entidades de la República el próximo 18 de noviembre ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con el apoyo de la Unión de Juristas de México.

Eduardo Miranda, de la organización de abogados, señaló que prevén interponer amparos para lograr, primero, una suspensión provisional, y luego la definitiva, de la evaluación que se aplicará en junio próximo a unos 600 mil maestros de primaria.

El secretario general del  CEND, Sergio Espinal, anunció  movilizaciones para los días 4, 8, 10, 15 y 18 de noviembre. El 15 del próximo mes realizarán una marcha del Palacio de Bellas Artes a la Cámara de Diputados.

El fondo, añadió, se encuentra en el acuerdo PAN-PRI para hacer reformas que implican un retroceso a las garantías de los trabajadores como la estabilidad laboral, la contratación, la promoción y la permanencia en el empleo.

José González Figueroa, fundador de la agrupación de maestros disidentes, expresó que la SEP busca desaparecer los turnos vespertinos para reducir la lista de trabajadores, cuando en la capital del país, las autoridades informaron que al menos debe haber 15 alumnos en por grupo.