Saltillo, Coah., 29 de octubre. Tras pagar una fianza de 1.6 millones de pesos, Javier Villarreal Hernández, responsable financiero durante la gubernatura de Humberto Moreira en Coahuila, salió libre a las 7 de la mañana de este sábado del reclusorio varonil de Saltillo, donde permaneció 14 horas luego de ser ingresado la noche del viernes.

Hora y media más tarde, policías estatales capturaron a Sergio Ricardo Fuentes Flores, quien fue colaborador de Villarreal Hernández en el Servicio de Administración Tributaria del estado, donde contrataba y tramitaba los créditos bancarios para el gobierno estatal, informó Jesús Torres Charles, fiscal general de la entidad.

Eduardo Amerena, abogado de Villarreal Hernández, aseguró que su cliente no pretende huir, pues confía en la impartición de justicia en Coahuila.

El ex funcionario fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado a las 17 horas del viernes cerca de su casa, en Saltillo; primero lo llevaron al edificio principal de la dependencia y después lo internaron en el reclusorio.

Está acusado de falsificar y registrar ante la Secretaría de Hacienda dos decretos del Congreso local y sus respectivas publicaciones en el Periódico Oficial, a fin de conseguir para el gobierno del estado sendos créditos bancarios por 3 mil 400 y 2 mil millones de pesos.

Además de estos dos ex funcionarios, otros cuatro empleados del área financiera durante el gobierno de Moreira están implicados en el caso de fraude y falsificación de documentos para acceder a créditos, informó Torres Charles. Aunque no dio sus nombres, afirmó que el gobernador con licencia y actual dirigente nacional del PRI no está entre los acusados.

Las órdenes de captura las emitió el juez segundo penal de primera instancia en Saltillo, Adrián González Hernández, por los delitos de fraude equiparado, simulación de actos jurídicos y uso de documentos falsos, cuyas penas máximas son de ocho y seis años de cárcel, respectivamente, según el Código Penal de la entidad.

La fiscalía dijo que los acusados habrían falseado los decretos 318 y 476 del Congreso estatal y sus correspondientes publicaciones en el Periódico Oficial para simular la autorización legislativa y conseguir los préstamos con los bancos Santander y Del Bajío.

La fiscalía informó que el financiamiento fue por 3 mil 400 y 2 mil millones de pesos, pero su titular aseguró que se trata de mil millones cada uno; descartó que el dinero haya quedado en poder de los implicados en el fraude, pues ingresó a la contabilidad estatal y se ejerció de acuerdo con el plan y la normativa de egresos del gobierno de Moreira.

Torres señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) desarrolla una investigación paralela, pero dijo que por las indagatorias a cargo de la fiscalía estatal, en este momento todo apunta a las personas indiciadas y, en su caso, a la posible participación de funcionarios bancarios, porque hay ciertas medidas que deben tomar para autorizar los créditos, y hasta este momento se desprende que no se hizo así.

Dijo que la falsificación de los documentos se comprobó porque el papel en el que se imprimieron los decretos ni siquiera es el que se utiliza para el periódico oficial, y la técnica tampoco.

El fiscal dijo que el juez aplicó a los seis acusados una fianza colectiva por 10 millones de pesos que deberán cubrir a partes iguales. La denuncia por estos delitos la presentaron diputados locales panistas y el propio Humberto Moreira Valdés.